De mis notasEl problema no es la agenda, es quien la va a cumplir.
El análisis de Diestra publicado esta semana pone el dedo en la llaga: la llegada simultánea del embajador Juan José Rodríguez y del nuevo fiscal general, Gabriel Estuardo García Luna, cambia las reglas del juego. Washington abandona la narrativa anticorrupción y abraza una agenda de seguridad transaccional —migración, narcotráfico, crimen organizado—, mientras el nuevo fiscal llega con credenciales técnicas, pero hereda una institucionalidad en crisis. El análisis es agudo y, en lo esencial, correcto. Lo que no dice es igualmente importante: Guatemala tiene una capacidad limitada para cumplir con cualquier agenda, incluyendo la de su principal socio estratégico.
El sistema de justicia que deberá ejecutar esta hoja de ruta está por los suelos. El Índice de Estado de Derecho 2024 del World Justice Project ubica a Guatemala con apenas 0.44 sobre 1.0. La justicia criminal es el talón de Aquiles: la investigación penal saca 0.20, los procesos se retrasan por razones injustificadas con 0.13, y el sistema penitenciario apenas llega a 0.15. Es la radiografía de un sistema que no investiga, no sentencia a tiempo y no rehabilita. La justicia no se arregla con buenos nombramientos. Necesita reingeniería de fondo.
