El metano, un gas generado sobre todo por la actividad ganadera, fugas de la industria de los combustibles fósiles y vertederos, que es 80 veces más potente que el CO2 para generar el calentamiento global, sigue sin control y ya es el 18,6% de las emisiones en España. La Comisión Europea aprobó un reglamento en 2024 para reducir las emisiones en el sector energético, pero no incluye ni las fugas de los combustibles fósiles que importamos ni a un sector agroganadero que está muy lejos de cumplir los objetivos que deberían caminar hacia las emisiones netas cero para 2050.PublicidadEl caso de España es paradigmático. Por un lado, el Gobierno se muestra a favor de la reducción de estas emisiones y, por ello, firmó el compromiso internacional que se lanzó en la COP26 (Glasgow, 2021) para recortarlas un 30% en 2030 respecto a las que había en 2020; y por otro lado, según denuncian cinco organizaciones ambientales, tiene un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC, 2023-2030) que no menciona un objetivo concreto para tan peligroso gas ni se ponen en marcha medidas que permitan cumplir ese pacto, salvo unas plantas grandes de biogás. Respecto a la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo (para 2050), también se centra en el CO2 y no en este gas que puede frenar el calentamiento en poco tiempo porque dura de media 12 años, frente a los siglos que permanece el dióxido de carbono. Es un calentamiento que provoca danas, olas de calor, sequías y otros fenómenos extremos que suponen muertes y pérdidas ‘milmillonarias’.El metano no baja como debiera, pero la cantidad de macrogranjas -grandes emisoras de este gas, causado por la digestión de los rumiantes y los purines al aire- no deja de aumentar. Ya exportamos tres millones de toneladas de carne, que se suman a otros 2,2 millones de consumo interno. En septiembre, el Ministerio de Transición Ecológica se comprometió a avanzar y reunir a los ministerios implicados para buscar soluciones, pero desde entonces no hay novedades, según denuncian las cinco ONGs (Greenpeace, Migthy Earth, Ecologistas en Acción, Fundación Renovables y Ecodes) que entonces presentaron un plan de acción con medidas sobre las que debatir.De todas ellas se habló en una reciente jornada organizada por estas organizaciones, que defienden una reducción de la cabaña y una moratoria de nuevas macrogranjas, negocio que explosionó desde 2015 y está en manos de un lobby manejado por solo cinco grandes compañías. Son las que controlan desde los piensos hasta la distribución de la carne en los supermercados.Conviene saber cómo funcionan: este sector cárnico opera en España bajo un modelo de "integración vertical". Consiste en que pequeños granjeros construyen grandes naves (a menudo endeudándose) para poder acceder a los animales que les proporcionan estas empresas, además de los piensos y servicios veterinarios; en los contratos, se someten a los precios que les ponen con la garantía de que comprarán el ganado a cambio de criarlo y engordarlo. Pero también se quedan con unos residuos a gestionar que generan problemas en agua, tierra y atmósfera. En ésta última, por un metano que está detrás del 25% del calentamiento atmosférico global. Es un sistema eficiente para la producción, pero que implica el 61% de las emisiones del gas. El resto provienen de vertederos (30%) o fugas de conductos de gas y petróleo, en las que Europa tiene más responsabilidad indirecta (por importaciones) que directa (un 5%).PublicidadEn la ganadería, como ‘sector difuso’ (no hay fuga que sellar), el Gobierno centra su apuesta en las mencionadas plantas de biogás a las que llevar el estiércol y los purines, pero generan mucho rechazo por su tamaño cerca de núcleos habitados; también en cambiar los piensos para que los animales generen menos metano. Sin embargo, el 1,3% de bajada de emisiones registrado en 2024 o el 0,5% estimado para 2025 no permiten alcanzar el compromiso en solo cuatro años. Para las ONGs es fundamental poner el foco en un cambio de la dieta: comer menos carne, sobre todo roja. Es un mensaje muy acorde con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, con el bienestar animal y con la necesidad de mantener los montes sanos favoreciendo la ganadería en extensivo, argumentan. Exportar menos también ayudaría porque gran parte de lo producido acaba en otros países que se ahorran este tipo de emisiones.La cuestión es que este mensaje, útil para desactivar la bomba climática del metano, tiene un pasado complicado. Aún resuena lo ocurrido con el ex ministro de Consumo Alberto Garzón por cuestionar, en 2022, la dieta carnívora y el sistema productivo. Al final, dimitió. Han tenido que pasar cuatro años para que su sucesor, Pablo Bustinduy, presentara un Real Decreto, ahora en negociación, para cambiar la alimentación en los centros públicos (colegios, hospitales, residencias…), donde se limitarán las raciones de carne roja a una a la semana. El experto en Salud Pública Miguel Ángel Royo, que estuvo en el evento mencionado, recordaba que comemos casi 60 kilos de carne al año per cápita (en la UE la media son 49 kilos), es decir, el doble de lo que aconseja la OMS para la salud humana. “Es buena iniciativa empezar por cambiar la educación infantil, pero no basta”, decía Royo. Sobre todo, sin apoyo de las familias.Royo recordaba cómo en el pasado se comían más legumbres (proteína vegetal) que carne y cómo el cambio se produjo cuando, con las macrogranjas, los precios se abarataron, comenzó una machacona publicidad de productos vendidos a trozos en bandejas cuya etiqueta no explica su origen ni su impacto. De ahí otra de las propuestas: un impuesto al metano (porque ‘quien contamina paga’) como acción para promover una ganadería más ecológica, además de eliminar las ayudas a la intensiva.PublicidadEn Dinamarca se lo han tomado en serio y es el primer ejemplo mundial de un impuesto de este tipo. Considerado uno de los países con más producción de carne, en 2019 se aprobó reducir un 70% de las emisiones y se llegó a un pacto entre ganaderos, ecologistas, empresas y gobierno que incluye que, a partir de 2030, los ganaderos pagarán por cada tonelada de metano que emitan 40 euros, 100 euros en 2035. El dinero recaudado les vuelve como subvenciones para implantar tecnologías limpias, cubrir sus balsas de purines o facilitar su acceso a plantas de biogás, que allí no se aprueban sin exhaustivos estudios de ubicación. Pero en España, todo el sector ganadero se opone en bloque a lo que se llama “tasa del erupto”, aunque ese metano genere un cambio climático que les perjudica. Y también el ministro de Agricultura, Luis Planas, está en contra. Un acuerdo a ‘lo danés’ parece así muy improbable.Además, el gobierno danés subvenciona la reconversión de ganaderos en productores de proteínas vegetales, apoyando este cambio de dieta con fuertes campañas mediáticas a favor de esta alimentación y promoviendo que salgan al mercado nuevos productos. Nada de declaraciones tipo "un chuletón al punto, imbatible" se escucha a sus políticos. "Allí no se habló de reducir la cabaña o de bajar el consumo de carne por imposición, pero sí se llegó a un consenso. Es verdad que los ganaderos daneses son más independientes que en España y al final la reconversión sucede", señalaba Almudena Vázquez, asesora en estos temas en la Embajada de Dinamarca.Luis Ferreirim, responsable de Agricultura y Ganadería en Greenpeace, recordaba que detrás del cambio hay una cuestión de "salud planetaria". Pero esta realidad no ha impedido que, debido a las presiones del sector cárnico, las vacas y ovejas hayan sido excluidas incluso de la directiva sobre emisiones industriales, donde sí están cerdos y pollos, un asunto pendiente de revisión.En la jornada también se abordaron las emisiones de metano del sector energético, que sí regula un reglamento europeo; en general, son causadas por fugas reparables en válvulas, compresores o tanques de gas y petróleo, aunque las hay voluntarias por razones operativas de las empresas. En la UE se contabilizan ya pocas emisiones de este ámbito, pero se debe a que en esa cuenta no se incluye el metano que se genera en el origen y el transporte estos combustibles importados. Flora Witowski, coordinadora de la organización CAN Europe, destacaba un dato del último informe de la Agencia Internacional de la Energía (IEA): el 70% de estas fugas son evitables y un 40% incluso saldría gratis eliminarlas.Si bien el reglamento, ya en vigor, marca plazos y obligaciones para prohibir las que son fugas rutinarias en todo lo importado a partir de 2027, las presiones de los exportadores, con EEUU a la cabeza, son grandes y la UE ya habla de una "implantación pragmática", que suena mucho a una relajación de lo aprobado otras materias ambientales. El experto Juan Sánchez-Peñuela, que estuvo en las negociaciones de Bruselas de esta normativa, reconoce que el momento geopolítico es malo. “Fue Biden quien apostó por los certificados que garanticen que no hay fugas en el proceso, pero ahora con Trump se apuesta por lo contrario”, dijo. Por su parte, Sofía Fernández, de Ecologistas, recordaba que en 2025 los cuatro países de los que importa gas y petróleo España (Argelia, EEUU, Rusia y Nigeria) están en el top 10 de los productores más contaminantes por metano.Con este escenario, parece complejo reducir el metano ni ese 30% para 2030 que se acordó hace ya un lustro, mucho menos el 45% que recomienda el panel de expertos IPCC de la ONU. En el caso de España, el desafío en la ganadería es grande porque no se avanza al ritmo deseado desde quienes deberían tomárselo en serio. Lo que se logra ahorrar por un lado, se compensa por otro al aumentar las cabezas de ganado con un sistema que poco tiene que ver con la ganadería familiar, que no fija población rural (la automatización hace que miles de animales los gestionen pocas personas) y cuya producción, en gran parte, acaba a miles de kilómetros.Una mirada a Dinamarca no vendría mal…