Bego�a G�mez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro S�nchez, ha reclamado ser absuelta si finalmente la causa contra ella llega a juicio, al considerar que los hechos por los que se la investiga "no son constitutivos de delito alguno" y que existe una "mala fe" por parte de las acusaciones.As� lo ha manifestado el abogado de G�mez en su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, dirigido al juzgado que le investiga por presuntos delitos de tr�fico de influencias, corrupci�n en los negocios, apropiaci�n indebida y malversaci�n, junto a su asesora en Moncloa, Cristina �lvarez, y el empresario Juan Carlos Barrab�s.La esposa del presidente denuncia "temeridad de las acusaciones" --encabezadas por Hazte O�r-- que "se ha puesto de manifiesto a lo largo de todo el procedimiento" porque, en su opini�n, "ha existido una inexistencia absoluta de base indiciaria suficiente desde el inicio"."Las acusaciones sostienen su pretensi�n punitiva a pesar de que los elementos de prueba obrantes en la causa, valorados en su conjunto, resultan manifiestamente insuficientes para sustentar los tipos penales imputados", apostilla.Asimismo, el letrado y exministro de G�mez, Antonio Camacho, argumenta que "la mala fe de las acusaciones resulta apreciable en la medida en que la acci�n penal fue ejercitada y ha sido mantenida con fines distintos a la leg�tima persecuci�n del delito".Y manifiesta que las acusaciones est�n "instrumentalizando el proceso penal como mecanismo de presi�n y de generaci�n de da�o reputacional" para G�mez, "sin que existiera una correlaci�n real entre los hechos investigados y las grav�simas calificaciones jur�dicas sostenidas".Por estos motivos, el letrado pide que "acuerde la condena en costas de las acusaciones, incluyendo en dichas costas los honorarios del letrado y los derechos del procurador de esta defensa".Adem�s, alega que "inici� su colaboraci�n con la Universidad Complutense de Madrid" (UCM) en el a�o 2012, "momento en el que su c�nyuge no ostentaba responsabilidad p�blica alguna".El abogado se�ala que G�mez desempe�� esta labor "de forma simult�nea" con su actividad laboral en el sector privado, un empleo en el que "solicit� la excedencia" en 2018, cuando S�nchez se convirti� en el jefe del Ejecutivo, "con la finalidad expresa de evitar cualquier conflicto de intereses derivado de la posici�n institucional de aquel".El dinero del 'software' fue para la UCMEl juez Juan Carlos Peinado ha indagado en varias l�neas de investigaci�n: presuntas influencias a favor de Barrab�s, la gesti�n de la c�tedra que codirig�a, la presunta apropiaci�n indebida del 'software' de dicha c�tedra, y el nombramiento de �lvarez como asesora en Moncloa.Sobre el 'software', G�mez se�ala que en el "convenio de creaci�n de la c�tedra" se preve�a "la creaci�n y puesta en marcha de 'una plataforma tecnol�gica digital concebida como herramienta para la medici�n del impacto social y su cuantificaci�n, que facilite una aceleraci�n dentro del proceso, que dar� como resultado una maximizaci�n del impacto, la generaci�n de nuevas oportunidades e inversiones'".Una plataforma que se ide�, seg�n la defensa de la investigada, "como una plataforma gratuita y que era propiedad de la UCM" y que se desarroll� gracias a "la colaboraci�n de distintas empresas, en su mayor�a tecnol�gicas, que aportaron horas de trabajo o cantidades de dinero"."Todas esas cantidades de dinero fueron ingresadas en el patrimonio de la UCM de forma que la propia UCM licit� los contratos que eran necesarios para la puesta en marcha del citado 'software'", se�ala.Y detalla que en el procedimiento "consta que el citado software no se finaliz�, estando en fase de pruebas en el momento de incoaci�n del presente procedimiento, de forma que nunca estuvo en uso ya que, cuando se incoa el presente procedimiento, la UCM decidi� finalizar la c�tedra y el cierre de todas sus actividades".En ese momento, a�ade, "los fondos fruto de las aportaciones de las empresas colaboradoras que no hab�an sido utilizados quedaron en el patrimonio de la UCM". La universidad comunic� al juez que abon� 113.509,32 euros para el desarrollo del 'software'.Y en lo que respecta a su asesora, el abogado detalla que �lvarez "ha remitido un n�mero muy limitado de correos para ayudar en momentos puntuales" a la esposa del presidente.Unos correos que, a su juicio, "fueron siempre remitidos desde su cuenta particular" y cuya remisi�n "no ha afectado en absoluto al correcto cumplimiento de sus funciones y por ello no ha supuesto, tampoco, ning�n menoscabo de recursos p�blicos".Dijo que se le investiga por ser esposa de S�nchezCabe recordar que G�mez present� un recurso a la Audiencia Provincial de Madrid --que tiene que pronunciarse sobre la decisi�n del juez de abocar la causa a un juicio con jurado popular-- la semana pasada, en el que aleg� que se la investiga por "ser c�nyuge del presidente del Gobierno".En dicho escrito, el abogado de G�mez interes� que los magistrados del tribunal superior dejen sin efecto y declaren nulo el auto con el que Peinado rechaz� un recurso suyo contra su decisi�n de dirigir la causa a un jurado.La defensa de G�mez indic� que no comprende "c�mo se puede vincular" el acceso de S�nchez a la Presidencia del Gobierno "con un cambio significativo en la actividad profesional de G�mez".El abogado se�al� que G�mez se dedicaba al �mbito de la consultor�a y ya ten�a actividad docente "desde muchos a�os antes" de que empezara a codirigir una c�tedra en la Universidad Complutense de Madrid.G�mez tambi�n pidi� la semana pasada al juez Peinado que paralice la causa hasta que la Audiencia Provincial resuelva recursos presentados y despu�s de que en abril el juez planteara juzgarla por jurado popular, formado por ciudadanos y no exclusivamente por jueces.La acusaci�n popular que lidera Hazte O�r en la causa solicit�, en su escrito de acusaci�n, la apertura de juicio y 24 a�os de c�rcel para la esposa de S�nchez, 22 para �lvarez y seis para Barrab�s.