La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha presentado un nuevo recurso para evitar ser juzgada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca y malversación. Su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que corrija la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abocarla a un juicio con jurado popular. En el recurso fechado el miércoles, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la defensa sostiene que “la única conclusión que puede extraerse” de la actuación del instructor es que actúa en su contra “por ser cónyuge del presidente del Gobierno”. Así, el abogado de Gómez reitera la posición que ha mantenido a lo largo de toda la investigación: que no hay indicios contra la mujer de Pedro Sánchez y que el juez se basa en meras “conjeturas”. En esta ocasión, el letrado se pronuncia a raíz del rechazo de Peinado a las quejas que presentaron las defensas por su decisión de citarlos en plena Semana Santa para comunicarles, de nuevo, que si iban a juicio serían juzgados por un jurado popular, es decir, por ciudadanos y no por un tribunal conformado por jueces. Camacho alerta a la Audiencia de Madrid de que Peinado desestimó las quejas de las defensas sin motivación alguna. “Ha copiado la fundamentación jurídica de un auto distinto, dictado en un contexto diferente, con un objeto procesal diferente y, lo que es más grave, que no contiene respuesta alguna a las específicas cuestiones jurídicas planteadas en el recurso de reforma”, ha recalcado.El letrado reclama al órgano superior que exija a Peinado que justifique sus decisiones y que exponga “una mínima determinación de cuáles son los hechos que se imputan a cada uno de los investigados”. A su juicio, esta delimitación “no se ha hecho en ningún momento”, lo que genera “una confusión evidente en esta causa”. Para la defensa, la actuación del juez “no es un mero defecto formal carente de consecuencias jurídicas”, sino que “produce una indefensión material constitucionalmente relevante” porque evita que los investigados puedan “conocer las razones por las que sus argumentos han sido rechazados”.Peinado empezó a investigar a Begoña Gómez en abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias, y después amplió la causa con querellas impulsadas por Hazte Oír y Vox. Por un lado, investigaba la actividad profesional de la esposa del presidente con empresarios y su relación laboral con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), así como el desarrollo de un software para dicho centro de estudios. Por estos hechos le atribuye delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca (también le achacaba intrusismo profesional, pero acabó descartándolo). Por otro lado, intentaba determinar si se llegó a producir un desvío de dinero público al contratar a Cristina Álvarez (también investigada) como su asesora para que ésta terminara colaborando con su actividad privada en lugar de su labor la institucional. En esta tesis apoya la presunta malversación. Rechaza que toda esposa de presidente sea “traficante de influencias”En el marco de su recurso, la defensa desmonta el argumento del juez de que la “trayectoria profesional” de Gómez sufrió un “cambio inmediato y significativo” con la llegada de Pedro Sánchez al Ejecutivo. Sostiene que ella ya dirigía un máster en la Complutense y que el ‘error’ de Peinado “solo se entiende si lo que se pretende es vincular el acceso a la Presidencia del Gobierno con la obtención de ventajas en mi representada”. Así, acusa a Peinado de intentar “construir ab initio [desde el principio] el relato del presunto tráfico de influencias”. En este punto, el letrado incide también en que la duda que plantea el juez sobre el fichaje de Gómez en la UCM “no responde a lo declarado unánimemente por los responsables de la universidad, que han puesto de manifiesto que ninguna irregularidad existía en los nombramientos”.De igual forma, Camacho tacha de “inaceptable” que Peinado afirme que Gómez medió para que se le concediera un subvención a una Unión Temporal de Empresas en la que participaba una mercantil del empresario Juan Carlos Barrabés (también investigado en esta causa que trabajaba en el máster de la Complutense). Y recuerda que la esposa figura como testigo en la investigación que mantiene abierta la Fiscalía Europea sobre las adjudicaciones aprobadas que podrían afectar a fondos europeos. El abogado insiste en que los “datos” en los que se basa Peinado “o son falaces o no tienen la entidad que les da el instructor”, por lo que entiende que “la única conclusión que puede extraerse” es que se está investigando a Gómez “por ser cónyuge del presidente del Gobierno”. Ya en el recurso de queja que presentó el pasado 20 de abril Camacho se preguntaba “en qué presupuesto fáctico de relevancia penal se fundamenta la apodíctica afirmación de que por ser una persona esposa del presidente del Gobierno ‘influye en todo ciudadano”. A su juicio, “solo el prejuicio personal del juzgador” permite sostener una afirmación así. En aquella ocasión, acusó a Peinado de “construir una realidad paralela prescindiendo de todo lo actuado tras casi dos años de investigación, casi 30 tomos de causa y decenas y decenas de declaraciones prestadas”. Y reprochó que, bajo la premisa del juez, “toda esposa de un presidente del Gobierno tiene, por ese solo hecho, la condición de traficante de influencias”.Ahora, la defensa recuerda en que “no existe un Estatuto” que regule la figura de “la cónyuge” del jefe del Ejecutivo para criticar de nuevo la interpretación y distingo que hace el juez entre actividades privadas e institucionales. Camacho incide en que seguir el criterio de Peinado supondría que el personal de servicio de La Moncloa que hiciera la comida y se la sirviera a Gómez “cometería un delito de malversación”. “La interpretación que hace el instructor de esta realidad no se ajusta a los usos que se vienen desarrollando desde el advenimiento de la Democracia”, defiende. Y subraya que la asesora de Moncloa que trabaja con Gómez solo la ayudaba “puntualmente” en determinadas cuestiones relativas a su labor en la Complutense “en atención a su amistad”. “Pero en ningún caso se trataba de cuestiones que gestionara solo exclusivamente Cristina Álvarez”, señala.Además de negar el tráfico de influencias y la malversación, descarta también la corrupción en los negocios. “Ninguna irregularidad puede encontrarse si tenemos en cuenta que todas las aportaciones de dinero que se hicieron a la cátedra por las empresas colaboradoras ingresaron en el patrimonio de la universidad y no en el de mi clienta”, apunta. Rechaza a su vez la imputación del delito de apropiación indebida de marca y reitera que el término Transformación Social Competitiva lo “inventó” Gómez. En este apartado, insiste en que “solo” registró el logo de la página web para “evitar que fuera incorrectamente utilizado” y registró el dominio “siguiendo instrucciones de la propia universidad”. “No hay la más mínima base indiciaria de que mi cliente se haya apropiado o lucrado de absolutamente nada relativo a la Universidad Complutense, ni de que se haya lucrado con nada que haya sido apropiado por la misma”, afirma.Por último, la defensa insiste a la Audiencia de Madrid en que, en el caso de que respalde la decisión de Peinado de actuar por estos cuatro delitos, evite que Gómez sea juzgada por un jurado popular al considerar que no se cumplen los requisitos fijados en la ley para utilizar esta fórmula. En este sentido, defiende que lo pertinente sería que el juicio se celebrase ante un tribunal conformado por jueces. Aporta un nuevo correo para negar apropiación indebidaAl margen, Camacho ha aportado a la causa un correo electrónico, de 11 de septiembre de 2024, donde avisó al entonces vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la UCM, José María Coello de Portugal, de que no renovaría el registro del dominio de Internet transformatsc.es que da soporte a la Plataforma de Medición y Gestión de Impacto Social y Medioambiental que estaba “en desarrollo”. En ese momento, debía renovarse para el periodo comprendido entre el 21 de septiembre de 2024 y el 20 de septiembre de 2025 pero, dada “la situación administrativa y judicial en que se encuentra la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva”, avanzaba que Gómez no lo haría, dejando en manos de la UCM este trámite. Además, el abogado de Gómez ha adjuntado a ese email una factura emitida a su cliente poco antes, el 23 de julio de 2024, por un importe de 30,25 euros, por la renovación de dicho registro para ese periodo. La defensa ha presentado este nuevo recurso y este correo después de que el pasado lunes pidiera a Peinado que paralizase la causa hasta que la Audiencia de Madrid resolviese los recursos sobre los que aún tiene pendiente pronunciarse.