Cuando a Javier Milei le protestaban su decisión de nombrar a Ariel Lijo como ministro de la Corte Suprema, el Presidente esbozaba una tibia respuesta: “Si entrás en detalles puristas podés encontrarle cosas a todo el mundo”, decía. El juez no enamoraba, pero el Gobierno estaba dispuesto a premiarlo con el mayor cargo dentro del Poder Judicial. No tuvo suerte, no se juntaron las voluntades.
Dos años después de aquella fallida aventura, desde el despacho del mismo magistrado que intentaron llevar al bronce se maneja el caso que más daño le hace al Gobierno: la presunta corrupción del jefe de Gabinete. Y el caso Adorni avanza.
En pocas semanas, Lijo compiló suficiente información para complicar, al menos públicamente, al jefe de Gabinete. Declaraciones testimoniales, solicitud de informes a las autoridades, levantamiento del secreto fiscal, información de viajes.
Pero la velocidad con la que avanza la causa no es la única incógnita en la política. Lo que más llama la atención es cómo se filtran novedades desde su juzgado. Todos los días, una información que alimenta el fuego de la indignación social contra Adorni.
El último capítulo, el del contratista que refaccionó la casa del country Indio Cuá. La información que brindó el testigo, que aseguró que el jefe de Gabinete le pagó 245 mil dólares en efectivo y en negro, se iba conociendo casi en directo por algunos medios de comunicación. A esta altura, las filtraciones del despacho del juez no son por goteo, es un chorro completo.
