En mayo de 2021 comenzó a operar en España Ouigo, la compañía participada por el Estado francés que abrió las puertas a la liberalización ferroviaria. Una apertura a los operadores privados marcada por las exigencias de Bruselas. En estos cinco años también ha entrado a operar otra empresa, Iryo, en este caso, participada por el Estado italiano. Hay tres compañías compitiendo por viajeros, pero no se trata de una liberalización completa, porque solo afecta a algunos corredores de alta velocidad; y tampoco ha estado exenta de problemas. El trágico accidente de Adamuz del pasado mes de enero ha puesto el foco en el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias y ahora, meses después, Renfe está inmersa en una disputa con sus competidoras por la exigencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de ceder el uso de sus talleres a sus dos rivales privados.
“La competencia ha reducido los precios y ha provocado que la alta velocidad pierda su carácter elitista, acrecentando la rentabilidad social de las inversiones y asegurando el derecho a la movilidad de todos los ciudadanos”, aseguraba solo unos meses después que Ouigo echara a andar la entonces ministra de Transportes, Raquel Sánchez. “Sentimos orgullo de haber establecido condiciones transparentes y no discriminatorias para todos los agentes interesados en la liberalización, sin trato de favor”, incidió la entonces ministra.
