Estado peruano reportó cifras contradictorias sobre feminicidios para el mes de enero de 2026. Por un lado reportó cuatro casos según la Defensoría del Pueblo y por otro, siete según el Programa Warmi Ñan (antes Aurora). Esta discrepancia, de la cifra del mes, no es un error menor. Es el síntoma de una fragmentación institucional que persiste y cuesta vidas. En América Latina, la desarticulación de los datos y la débil interoperabilidad de los sistemas sobre violencia de género suele ser la regla. Para proteger a las mujeres, es urgente que cada país implemente un Sistema Unificado de Información sobre Violencia Feminicida (SUIF). En Perú, esta iniciativa debería enmarcarse en la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos (Pnmdh) ya que uno de sus lineamiento establece expresamente la necesidad de consolidar la gestión de la información. El problema central de esta política es la desigualdad y discriminación estructural en el ejercicio de los derechos humanos. En este marco, el SUIF consiste en poner en práctica ese mandato para las mujeres en situación de riesgo extremo. La falta de coordinación en los registros impide visualizar la ruta crítica del peligro que enfrentan las víctimas. En el primer semestre de 2025, la Defensoría del Pueblo peruana registró 78 feminicidios –un 11.4% más que el año anterior– mientras que el INEI, con metodología integrada, arroja cifras distintas para el mismo período. El Programa Warmi Ñan por su parte, cerró todo el año 2025 con 133 casos confirmados. Tres instituciones, tres registros, una sola realidad que el Estado no logra ver con claridad.