Donald Trump, hace apenas dos meses, firmó una orden ejecutiva, su instrumento legal favorito, para abaratar las hipotecas mediante la reducción de las cargas regulatorias que la ley exige a los bancos —principalmente los más pequeños— cuando conceden préstamos para adquirir una vivienda. La propuesta insta a los reguladores bancarios federales a suavizar la supervisión, la norma habla de una “evaluación crediticia prudente”, en lugar de “enfoques excesivamente técnicos”. O lo que es lo mismo, la Casa Blanca reclama que las autoridades sean más laxas —en el país que puso en vilo al mundo con las hipotecas subprime— a la hora de conceder préstamos. La razón es muy sencilla. Trump prometió en campaña que los estadounidenses volverían a ser propietarios de las casas en las que viven y no simples arrendatarios, pero ha chocado contra un muro. Y no es otro que el precio de las hipotecas. Son demasiado altas para un estadounidense medio, que debe pagar un 6,46% por una hipoteca a 30 años a tipo fijo (las más comunes). Lo peor para Trump es que nada indica que en un futuro próximo vayan a bajar, lo que pone en aprietos al republicano, que se enfrenta a unas decisivas elecciones en noviembre, cuando puede perder la mayoría en las dos cámaras legislativas. Aun así, según los analistas de CIMD, pese a este encarecimiento del crédito, “la actividad en el sector mostró señales de resiliencia”, ya que el volumen total de solicitudes hipotecarias avanzó un 1.7%, rompiendo así con dos semanas consecutivas de descensos. Lo paradójico es que han sido las políticas de Trump, en particular los aranceles, las que han contribuido a que los tipos de interés sigan siendo elevados, lo que, unido al efecto inflacionista de la guerra de Irán, hace muy improbable que la Casa Blanca pueda cumplir su promesa. Entre otras razones, porque los mercados vienen descartando una rebaja significativa de los tipos de interés. La rentabilidad del bono a 30 años se situó esta semana por encima del 5%, algo que no sucedía desde 2007, lo que puede explicar las presiones de Trump a Jerome Powell, el presidente saliente de la Reserva Federal (Fed). Incluso en periodos más cortos, el bono a dos años, que es el más representativo a efectos de política monetaria, se mueve en torno al 4%. La independencia de la Fed Su sustituto, Kevin Warsh, ya ha obtenido el apoyo del comité bancario del Senado (54 votos a favor y 45 en contra), aunque por el momento no ha dado señales sobre sus prioridades en política monetaria más allá de reducir aún más el balance de la Fed, algo que defendió ya en su día durante la crisis financiera de 2008. Warsh —que pretende huir de la imagen de ‘títere’ de Trump con la que le presentan los demócratas— prefiere actuar directamente sobre los tipos en lugar de ensanchar la masa monetaria, ya que, en su opinión, eso favorece a los tenedores de activos financieros. Eso sí, se ha comprometido a defender la “independencia” del banco central, pero no lo tendrá fácil por las urgencias electorales de Trump, que necesita una Reserva Federal sumisa a sus intereses. El mercado ya sabe cómo se las gasta tras haber emprendido su fiscal acciones legales contra Powell que finalmente la justicia ha archivado. Los activos en manos de la Reserva Federal representan hoy alrededor del 20% del PIB de EEUU, por debajo del 35% que llegó a suponer, principalmente respaldados por bonos del Tesoro e hipotecas. En la Fed continuará Powell —algo que no sucedía desde el año 1948— como uno de los gobernadores del banco central, pero ha anunciado que no será la oposición de su sucesor, sino que actuará de forma leal. La primera reunión presidida por el nuevo presidente de la Fed se producirá los próximos 16 y 17 de junio, y pocos esperan un movimiento al alza o a la baja. En su última reunión, en abril, la Reserva Federal mantuvo los tipos de interés de referencia en un rango que va entre el 3,5% y el 3,75%. En contra de una bajada, algo que no le gusta a Trump, se encuentra la consistencia del mercado laboral, que sigue inmune al repunte de la inflación, aunque más expuesto a los efectos de la inteligencia artificial. El mercado, de hecho, cree que no habrá recortes este año. Este punto es relevante porque, al igual que sucedió a finales de los años 80, un aumento de la productividad, a consecuencia de la IA, podría rebajar la presión inflacionista, lo que permitiría a la Reserva Federal abaratar el precio del dinero sin avivar la inflación. La coyuntura económica y geopolítica de EEUU es, sin embargo, el peor aliado de Trump. La guerra con Irán está sin terminar y eso provoca una inflación mayorista que irremediablemente se traslada a los precios que pagan los consumidores. Los precios mayoristas se situaron en abril en el 6%, el nivel más alto desde 2022, cuando tras la salida de la pandemia y la guerra en Ucrania se dispararon los precios. Frutas y verduras En cuanto a los precios que pagan los consumidores, nuestro IPC, han escalado hasta el 3,8% en abril, básicamente por el encarecimiento de la energía en un país que es un gran exportador, hasta el punto de que se autoabastece. También el precio de los alimentos ha escalado hasta el 2,9%, su nivel más alto desde el año 2023. Las frutas y verduras subieron un 6,1%. Cuando accedió Trump al poder, el IPC general se situaba en el 2,8%, es decir, un punto porcentual menos que ahora. Y es que lo que es bueno para la industria petrolera —el WTI cotiza en torno a los 101 dólares barril— es malo para los consumidores, que hoy tienen que pagar 4,50 dólares por galón de gasolina, el nivel más alto desde julio de 2022. Según los analistas de Kpler, las existencias mundiales han caído en más de 400 millones de barriles desde el comienzo de la guerra, mientras que, en paralelo, el incremento de las exportaciones estadounidenses ha reducido los inventarios nacionales y “empujado la gasolina hacia los 5 dólares por galón”. En cuanto al diésel, un insumo básico para la industria, se ha encarecido hasta los 5,64 dólares, cerca de su máximo histórico. La situación es tan desesperada para los intereses de Trump que ha ordenado a los gestores de las reservas estratégicas de petróleo de EEUU que sigan liberando crudo en un intento de bajar los precios. Trump, incluso, ha anunciado que pretende eliminar el impuesto sobre hidrocarburos, 18,4 dólares por galón, en aras de reducir la factura de las gasolinas. Hasta ahora, según Bloomberg, EEUU ha liberado 133,1 millones de barriles, lo que representa el 77% de lo que se ha comprometido a liberar. ¿El problema? La medida costará miles de millones de dólares a un presupuesto muy tensionado por el coste de las guerras de EEUU, lo que, unido a que los ingresos por aranceles serán muy inferiores a lo previsto tras la sentencia del Tribunal Supremo, mete todavía más presión a los tipos de interés y, por lo tanto, a los costes de las hipotecas. Con un déficit que supera ampliamente el 6% del PIB, y con una deuda pública que se sitúa ya por encima de los 39 billones de dólares, los mercados no creen que Trump pueda enderezar las cuentas públicas, lo que explica el endurecimiento de la curva de tipos, en particular de los títulos de largo plazo. Un análisis de la Reserva Federal ha estimado que los aranceles implementados hasta noviembre de 2025 han elevado los precios que pagan los consumidores en productos básicos un 3,1% hasta febrero de 2026, lo que explica la totalidad del exceso de inflación y contribuye a un aumento del 0,8% en el IPC, a lo que hay que añadir el efecto del cierre del estrecho de Ormuz. Trump contra Trump.