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Venezuela anunció el inicio formal de un proceso de reestructuración de su deuda pública externa, así como la de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). La vicepresidencia económica, encabezada por Delcy Rodríguez, lo comunicó en redes sociales con un mensaje breve: "Cumpliremos con nuestros compromisos de manera sostenible".
Los impagos comenzaron en 2017, cuando dejó de honrar los bonos de PDVSA, y se profundizaron desde 2018 con las sanciones impuestas por Estados Unidos. Según estimaciones privadas citadas por Reuters, la obligación total —incluyendo préstamos bilaterales y laudos arbitrales— asciende a entre 150.000 y 170.000 millones de dólares, cifra que equivale a entre el 180% y el 200% del PIB nominal del país, estimado por el FMI en unos US$82.800 millones para 2025.
El abogado José Ignacio Hernández fue categórico al valorar el alcance real del anuncio: "Venezuela no cuenta con las capacidades necesarias para iniciar formalmente el procedimiento de renegociación de la deuda, no solo por las sanciones, sino también por cuanto todavía no hay claridad en cuanto al monto total de la deuda pública", dijo a la AFP. Aun así, el especialista reconoció que el paso puede facilitar "un proceso ordenado y consensuado de renegociación" con los acreedores.
