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El sector agroalimentario en España y Portugal movilizó 1.200 millones de inversión institucional en 2025, un 50% más, incluyendo la compra de tierras, operaciones corporativas y refinanciaciones.
Las tensiones geopolíticas y la volatilidad de los mercados empuja a los inversores a la compra de activos que protejan su patrimonio a largo plazo y, dado que la demanda global de alimentos se considera ligada al crecimiento de la población, las fincas rústicas se perciben como un oasis en un entorno macroeconómico inestable.
