La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (52 años, Valencia), se disculpó este martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros con todos los niños y niñas que no han sido escuchados. “Durante años, se ha dudado de alguna manera de su palabra y se ha señalado y criminalizado a las mamás protectoras”, dijo. Acababa de presentar las novedades en el anteproyecto de ley por el que se modifica la norma de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Lopivi), que seguirá trabajándose antes de que pueda pasar al Congreso para su tramitación parlamentaria. Entre los cambios que promueve está el refuerzo de la obligación de oír a los menores en todos los procedimientos que les atañen con independencia de su edad y la prohibición expresa del llamado síndrome de alienación parental (SAP), por el cual se presupone que un progenitor, normalmente la madre, manipula a los hijos en contra del otro. Rego recibe a EL PAÍS en la sede del ministerio. “Hay una enorme deuda con la infancia”, reconoce la ministra, que ve en esta ley una oportunidad de blindar los derechos de los niños y adolescentes y promover una “cultura del buen trato”. En un país en el que tres de cada 10 jóvenes han sufrido violencia sexual durante la infancia; cuatro de cada 10, violencia física y casi la mitad, psicológica, considera fundamental “poner en el debate público” algo que “históricamente se quedaba en el ámbito privado”. Pregunta. ¿Qué es lo central de esta reforma?Respuesta. El derecho a la escucha es importantísimo, porque vamos a ser uno de los primeros países que acabe con este límite de edad [ahora la ley dice que se escuchará al menor cuando tenga la suficiente madurez y, en todo caso, cuando sea mayor de 12, algo que se elimina con la reforma]. Con garantías, con una serie de procedimientos y obligaciones de investigar en caso de que haya un testimonio de una presunta violencia. Y definir correctamente lo que implica el interés superior del menor es algo muy importante, porque en la medida en que exigimos que cualquier actuación que garantice el bienestar de niños y niñas vaya acreditada previamente por el interés superior de la infancia, se desbloquean muchísimos aspectos que hasta ahora eran problemáticos.P. ¿Por ejemplo? R. Rompemos el automatismo de la custodia compartida o del régimen de visitas. Al final, lo que planteamos es que tiene que haber derecho a la escucha y se tiene que acreditar el interés superior del menor, que ya no queda como una fórmula arbitraria de consideración subjetiva de quien está evaluando la situación, sino que viene específicamente tipificado qué es. Ahí damos muchísimas garantías. Además, hacemos un cambio radical en la formación para todos los profesionales que trabajan con niños y niñas a todos los niveles, con un plan director que se trabajará coordinadamente con las comunidades autónomas.P. También se prohíbe el uso del síndrome de alienación parental.R. Vamos a ser el primer país del mundo que elimine específicamente por ley el uso del SAP, el falso síndrome de alienación parental, o cualquier pseudoteoría. Hay asuntos fundamentales que están siendo muy dramáticos en las custodias, y sobre todo en situaciones de violencia vicaria. En primer lugar, que los niños y niñas no son escuchados porque hay un límite para hacerlo. En segundo lugar, la consideración del interés superior de la infancia, que es una cuestión casi más subjetiva que objetiva. Ahora la objetivamos. Y en tercer lugar, la aplicación del síndrome de alienación parental. Esos tres elementos juntos son los que están provocando que haya tantas sentencias tan gravosas para niños y niñas. Y lo que hacemos es, a través de la ley, reformular todo eso para evitar situaciones de violencia institucional.P. Establecen que, si un niño no quiere visitas con su padre o madre, deben investigarse las causas y se debe garantizar que se den de forma segura.R. Primero se le debe escuchar con una serie de garantías procesales. Dos, se tiene que investigar. Y tres, se tienen que dar de manera segura. Y luego otra cosa: planteamos una modificación también pionera. Por primera vez, se reconoce al niño y a la niña como víctima de violencia de género, de manera automática [su acreditación se hace junto a la de su madre]. Cuando a una mujer se la reconoce como víctima de violencia no tiene por qué haber una sentencia, puede ser con carácter previo. El mismo estatus, la misma cobertura, tienen sus hijos e hijas. Con lo cual, esto dificulta que se pueda entregar la custodia a un presunto agresor de violencia de género. P. ¿Se está protegiendo adecuadamente a los menores en caso de ruptura familiar?R. Hay una enorme deuda todavía y tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad para adaptar todas nuestras estructuras administrativas y judiciales a la perspectiva de infancia. Estamos encontrándonos con muchas sentencias y muchos casos muy dolorosos. Se me ocurren muchos casos, algunos muy conocidos, en los que se han visto situaciones muy dolorosas, precisamente porque escuchar al menor no era obligatorio o porque se ha considerado el interés superior de la infancia, aunque no sabíamos exactamente en función de qué criterios se hacía. O incluso se ha entregado custodia de niños a hombres maltratadores con una sentencia firme. Y esto no puede ser. Se disocia el maltrato, el maltratador, del derecho que tiene o del presunto derecho que tiene a tener contacto con su hijo o hija. Y la ley tiene muy clara una orientación, y es que un maltratador no puede ser un buen padre, y a partir de ahí también establecemos una serie de criterios en la propia ley. P. Sin embargo, todo lo relativo a visitas y patria potestad, en casos en los que haya indicios o procedimientos abiertos por violencia de género, no está recogido en esta ley. R. Va a estar recogido y trabajado en la ley de violencia vicaria, que se está tramitando a la vez. P. Hubo un choque bastante sonado entre su ministerio y Justicia e Igualdad, hace solo unos meses. ¿Hay consenso para que se prohíban las visitas sin excepciones, como ustedes querían?R. Estamos trabajando en la redacción final, cerrando los detalles. Pero sí que es verdad que nosotros, a través de la Lopivi, situamos una serie de requisitos: si el niño o la niña tiene la misma protección y consideración de la madre como víctima de violencia, si el procedimiento judicial tiene que tener en cuenta su testimonio y tiene que investigar la posible violencia, si se erradica el SAP… Esto nos coloca en una pantalla diferente a la hora de plantear una custodia o un régimen de visitas con presuntos agresores. El interés superior de la infancia está por encima de vínculos preestablecidos. Es decir, proteger al niño es prioritario y este es el orden de prelación que situamos en la ley. Por tanto, todo hace que el propio trámite y el propio procedimiento sean muy garantistas y, evidentemente, se separe a un niño de su presunto agresor. También en el régimen de visitas y custodias. P. ¿Pero está ya pactado con el Ministerio de Justicia que conste así, sin excepción alguna en la ley? R. Estamos trabajando para que conste sin excepciones. P. Otro de los puntos que usted dijo que era importante incluir era una definición de la violencia institucional. No consta en la actual redacción. R. Hablamos de diligencia debida y lo que hacemos es desarrollar todo el marco que garantiza que se evita la violencia institucional, que queda descartada. Se erradica el SAP, se obliga a escuchar a la infancia y se establece la diligencia debida, que es una manera de desarrollar a qué nos referimos con la buena praxis y con las garantías jurídicas de los menores. Por tanto, queda todo totalmente recogido, aunque no se utilice en términos semánticos la palabra. P. Y otro punto en el que ustedes han insistido es la prohibición de asistencia y participación en eventos con violencia contra los animales. ¿Hay consenso con el PSOE? R. Esta ley ha ido en primera vuelta [al Consejo de Ministros], que es el punto de partida, y hay algún aspecto que se sigue negociando. Aquí hay disparidad de criterios dentro del Gobierno. Yo soy partidaria de incluir dentro de la ley la exposición a la violencia contra los animales como una forma específica de violencia, tal y como señala además el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Por los tiempos en los que estamos, era importante que [la reforma] fuera cuanto antes al Consejo de Ministros, para entrar en tiempo y forma dentro de la legislatura y poder resolverla. Pero vamos a seguir trabajando entre la primera y la segunda vuelta. P. En la primera redacción del Lopivi se mandaba crear juzgados especializados en violencia contra la infancia. Ahora mismo hay solo cuatro secciones en todo el país. ¿Cómo se pueden seguir los pasos en violencia de género de una manera tan lenta?R. Tenemos varios retos en este país. La ley de eficiencia de la justicia ya contempla la creación de secciones de infancia en todos los juzgados. Creo que tenemos que seguir empujando para que sea una realidad. Esto depende de cada uno de los territorios, pero sí que creemos que las exigencias que marca esta ley, algunos aspectos de adecuación de la perspectiva de la justicia de infancia que quedaban por terminar de situar, empujan a que las secciones sean cada vez una realidad mayor en nuestro país.