La reforma de la ley de infancia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS y que irá mañana al Consejo de Ministros, prohíbe expresamente el uso del llamado síndrome de alienación parental
Los niños tendrán derecho a que se les escuche, independientemente de su edad, en cualquier procedimiento que les ataña, también en los judiciales. Así consta en la reforma de la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi) que está previsto que vaya este martes al Consejo de Ministros. Ahora se garantiza que el menor sea oído ...
“cuando tenga suficiente madurez” y, en todo caso, se considerará que la tiene cuando sea mayor de 12 años, algo que se elimina en esta modificación legal, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
Además, se crea un turno de oficio especializado en violencia contra los menores, y se faculta a quien ostente la Dirección General de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia a intervenir en defensa de los niños cuando haya indicios de que se puede estar dando una desprotección grave porque esté sufriendo maltrato físico, psicológico o violencia sexual. Es decir, que podrá personarse en procedimientos judiciales.
La Lopivi se aprobó en 2021 y entonces fue considerada una ley pionera, pero el Ministerio de Juventud e Infancia, liderado por Sira Rego, ha detectado lagunas, entre otros puntos, en la escucha de los menores, tal y como explicaron fuentes del ministerio hace meses. Desde finales del año pasado, el ministerio tiene lista la redacción del texto, según ha declarado Rego en repetidas ocasiones, a la espera de consensuarlo con el resto del Gobierno. Pero la negociación ha llevado su tiempo.
