El primer golpe del inspector jefe Manuel Morocho, principal investigador del caso Gürtel, ha llegado apenas comenzada su declaración de este miércoles en el juicio sobre la trama Kitchen, que sienta en el banquillo a la antigua cúpula del Ministerio del Interior por desplegar en 2013 una red de espionaje contra Luis Bárcenas, extesorero del PP. “Fue una operación policial sin autorización judicial”, sentencia el experimentado agente de la Policía Nacional, que lideró hace más de una década las pesquisas que acorralaron a los populares y que ahora, sentado ante un tribunal de la Audiencia Nacional, denuncia sin paliativos que un grupo de altos mandos se conchabó dentro del propio Cuerpo para “torpedear” la causa que cercaba al partido. Según repite, en línea con las tesis de la Fiscalía Anticorrupción, Kitchen fue una trama “contra” el caso Gürtel.El testimonio de Manuel Morocho ha impactado de lleno en las defensas de los principales acusados, que repiten que ellos simplemente seguían los pasos de Bárcenas para encontrar el “dinero” que ocultaba y sus “testaferros”. A ellas se alineó Mariano Rajoy, presidente del Gobierno durante el despliegue del espionaje, que afirmó la pasada semana: “Estoy convencido de que esa operación policial se adecuó a la legalidad”. Sin embargo, en base a los indicios del sumario (como las agendas del comisario José Manuel Villarejo, audios y comunicaciones telefónicas), la Fiscalía sostiene que la trama buscaba material “comprometedor” de altos cargos del PP que aún podía guardar el extesorero, para evitar que llegara a los investigadores de Gürtel.El inspector jefe, conocido por su número de carné profesional 81.067, también está convencido de que Kitchen se urdió “contra” él y “contra” el grupo de agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que encabezaba. ¿Por qué? Porque el espionaje a Bárcenas se hizo a sus espaldas: sin informarle a él y al juez instructor Pablo Ruz, que dirigía el caso Gürtel desde la Audiencia Nacional. Y los implicados nunca les facilitaron la información o los datos que obtuvieron. No supieron nada de las vigilancias hasta que salieron a la luz muchos años después.—¿A la Dirección Adjunta Operativa (DAO) le solicitó algún tipo de apoyo? —le ha preguntado el fiscal.—No —ha respondido Morocho.El comisario Eugenio Pino, nombrado por el ministro Jorge Fernández Díaz, encabezaba en 2013 la DAO. El sumario lo señala como el mando encargado de la “planificación y desarrollo” de las vigilancias a Bárcenas, a su familia y a su entorno —que se ejecutaron durante meses a través de decenas de agentes de dos unidades ajenas a la UDEF—. Pino operaba presuntamente bajo las órdenes del entonces responsable de la cartera de Interior; y de su número dos, Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad.— ¿Y desde la DAO se le reportó algún tipo de información relevante para el caso Gürtel? —ha vuelto a la carga el representante del ministerio público.—No.Como ejemplo, el inspector jefe ha detallado ante el tribunal que nunca le comunicaron que se había captado como confidente a Sergio Ríos, chófer de Bárcenas, al que se pagó más de 50.000 euros de los fondos reservados; ni le remitieron documentación del extesorero que se encontraría después en casa de Villarejo tras su detención —como facturas y notas manuscritas de su esposa, Rosalía Iglesias—. Y, para más inri, Morocho ha incidido en que él tampoco planteó nunca que se hicieran seguimientos a la mujer del excontable del PP o a su hijo, pese a que Kitchen les puso en la diana.Todas las partes sabían que la cita de este miércoles era clave. De la decena de procesados, solo Villarejo se ha perdido el interrogatorio (por motivos de salud). Fernández Díaz, Martínez y Pino han permanecido atentos a cada palabra que pronunciaba el antiguo agente de la UDEF. Sentados a su espalda, han observado cómo Morocho infligía un enorme daño a las coartadas que la mayoría de defensas plantean. Tantos golpes ha propinado, que los abogados de los procesados han interrumpido en numerosas ocasiones el interrogatorio del inspector jefe para limitar sus respuestas. La magistrada Teresa Palacios, presidenta del tribunal, también se ha esforzado desde el principio para que el agente no se extendiera en sus contestaciones.“Los pagos en b”Durante casi cuatro horas, el relato de este testigo ha resultado una auténtica apisonadora. Es más, como ya hizo en la fase de instrucción, el inspector ha manifestado que el boicot a Gürtel se extendió más allá del espionaje a Bárcenas e incluyó presiones a su grupo de toda “la escala de mandos” del Cuerpo, para que se alineara con las tesis de defensa del PP. “Se ponía en cuestión la correlación entre las salidas de los pagos de la caja b y la reforma [de la sede de los populares de la calle Génova]”, ha puesto como ejemplo Morocho sobre un tema que la justicia ha dado por probado, y por el que se condenó a la formación conservadora.En esa línea, Morocho ha explicado que sus superiores le despreciaban Los papeles de Bárcenas, publicados por EL PAÍS en 2013. Según ha subrayado, le decían que era “una ideación” del extesorero y le repetían que eran “papeles de él, pero no de la formación política”. Rajoy y su cúpula mantienen justo esa posición desde hace años. “Se pretendía desvalorar el contenido”, ha remachado el inspector jefe, antes de indicar que, de esta forma, trataban que no plasmara los indicios que aparecían contra los populares. De hecho, en 2021, ya contó en la Audiencia Nacional que le conminaron a sacar de un informe el nombre del entonces presidente del Gobierno. Este miércoles lo ha reiterado.—¿Recibió presiones para que el nombre de Rajoy no apareciera en un informe? —le ha inquirido Gloria de Pascual, abogada del PSOE, que ejerce la acusación popular.—Sí, se individualizó para que esta persona no saliera —ha dicho el investigador, antes de indicar que le pidieron igualmente que sacara el nombre de Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP.La estratagema de 2015En 2015, cuando el espionaje de Kitchen ya se daba por acabado, la trama introdujo una mención genérica en el sistema de inteligencia y de coordinación de la Policía. Para las acusaciones, ese movimiento de la trama fue una estratagema para tener una coartada si salía alguna vez a la luz. Morocho ha ahondado este miércoles en esa idea. El inspector analizó los datos que se introdujeron en las bases del Cuerpo y eran muy “irrelevantes”; además de no especificar nada sobre los seguimientos a la familia Bárcenas. E incluso, según ha especificado el testigo, incorporaron aposta una dirección errónea de un local de Rosalía Iglesias, donde la trama creía que podía guardar documentos sensibles del PP y al que ya habían accedido, según el sumario.“No aportan nada. Todo era conocido, salvo aquello que procedía de lo que, yo suponía, eran unas vigilancias. Era información que ya era conocida. Eran personas que estaban en los autos y por las que el magistrado ya estaba pidiendo acciones”, ha resaltado el principal investigador de Gürtel: “Para mí fue la constatación de la existencia de una operación de la Policía sobre Luis Bárcenas y contra el grupo que estaba designado como la unidad de auxilio judicial de la Audiencia”.A este respecto, el inspector jefe ha agregado que él había pedido en 2007, cuando arranca Gürtel, que cualquier unidad le comunicara toda posible información que pudiera tener relación con sus pesquisas. Pero los acusados en Kitchen no subieron nada al sistema hasta el verano de 2015, cuando ya se había cerrado la línea de investigación sobre Los papeles de Bárcenas y se había enviado a juicio. Las “presiones”“Había maniobras para torpedear”, ha destacado Morocho, que ha descrito una amplia batería de “presiones” gestadas en el seno de la Policía para retrasar sus informes, sacarlo de la unidad y tratar de comprarlo con un destino mejor pagado. El “objetivo final” era “quitarme de en medio”.Por ese presunto intento de soborno, ha señalado al comisario José Luis Olivera, que se sienta en el banquillo. “Me llama y me dice que quiere hacerme una proposición. Quedamos en un establecimiento...”, ha empezado. De seguido, ha relatado cómo Olivera le propone un puesto en Lisboa y, ante su negativa, le ofrece un cargo en la embajada que quisiera. Durante esa cita, según su versión, Olivera recibió una llamada que, según le dijo, era del ministro Fernández Díaz porque estaba “interesado” en su porvenir. “Le dije que no por mi compromiso con el magistrado Ruz, con la Policía y con la sociedad, porque he prometido defender a la comunidad y cumplir principios democráticos”.En aquella época, las sospechas de Morocho sobre Olivera, amigo de Villarejo y alto mando de Interior, se multiplicaban a pasos agigantados. Según ha contado, el comisario le solicitó que le mandara a una dirección de correo electrónico personal sus informes secretos sobre Gürtel para “orientarle”, y le reclamó el número de teléfono de Rosalía Iglesias. El inspector jefe se negó a todo. “La petición [del móvil] fue con posterioridad a la entrada en la cárcel de Bárcenas. Para mí era un indicador de que lo querían para algo. El escenario que se estaba preparando era el de una acción en el entorno de Luis Bárcenas”, ha insistido, además de manifestar que Olivera le reveló que había facilitado a Cospedal documentos de la trama Gürtel.El interrogatorio a Morocho se ha suspendido a las 14.04 de este miércoles. El inspector jefe seguirá declarando el jueves ante el tribunal.