La aprobación del negocio del ICAM en la Complutense abre la puerta a que otros colectivos profesionales inauguren campus adscritos pese a no ser su función
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Abogacía General del Estado, formalizó el 13 de abril ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid su demanda contra la orden dictada el pasado noviembre por la Comunidad de Madrid que autoriza la apertura de un centro adscrito del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) en la Universidad Complutense (UCM). Una decisión, la de la creación de la institución privada, que es insólita y que muchos juristas consideran ilegal. Además, ha soliviantado a muchos colegiados, que no comparten esta arriesgada aventura empresarial ―un informe interno de la consejería duda de su solvencia financiera― que ha retrasado su inauguración un año ante el embrollo jurídico que ha desencadenado. Dos diputados regionales socialistas colegiados en el ICAM también han presentado recurso (a título personal) y la Universidad Carlos III estudia hacerlo.
Una interpretación rápida lleva a concluir que el recurso es una reacción del Gobierno en contra del ICAM, tras personarse el colegio en el juicio contra el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Pero más allá de esta enconada relación entre las partes, al Gobierno le preocupa que otros colegios profesionales opten por aliarse con una universidad y montar un negocio académico, pese a no ser esa su función. En al menos dos consejos de Gobierno de la UCM, socio del ICAM, esta inquietud se ha puesto de manifiesto. “¿Y si el colegio de farmacéuticos se vincula con unos laboratorios y lanza un grado?“, le preguntaron al rector.
