Desde principios de año se han producido miles de arrestos y expulsiones, que coinciden con el firme propósito de El Cairo de reforzar el control migratorio, según coinciden diversos grupos de derechos humanos
La refugiada sudanesa Nermeen (nombre ficticio) aún recuerda la infausta llamada que recibió el 14 de febrero: su marido acababa de ser arrestado cuando se dirigía a una cita con el médico en Faisal, uno de los barrios de El Cairo donde se concentran más desplazados de la guerra civil de Sudán. “Es un hombre mayor, de 60 años, con un solo riñón y un corsé ortopédico. Somos una familia de 10 y estamos luchando por sobrevivir”, describe Nermeen, que huyó de Kordofán y llegó a Egipto en mayo de 2023. Asegura que su esposo dispone de un pasaporte en vigor, de una tarjeta válida de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y de un permiso de residencia en regla. Pero nada de esto le salvó de ser arrestado y trasladado a una comisaría a las afueras de la capital egipcia, como ha ocurrido con otros miles de migrantes y refugiados de Sudán y Siria este año.
La cifra total de arrestos y deportaciones se desconoce, en parte por la denegación de acceso a comisarías y zonas fronterizas, pero tres fuentes conocedoras de la situación consultadas por EL PAÍS coinciden en que se trata al menos de varios miles. Entre ellos figuran personas con tarjetas de Acnur y permisos de residencia válidos, lo que defensores de derechos humanos juzgan que viola la ley de asilo de Egipto y el principio de no devolución del derecho de los refugiados. Es una campaña que, según grupos de derechos humanos, no tiene precedentes.
