El texto recurre a menudo a coletillas como “marco legal vigente” o “limitadas competencias” que evidencian los obstáculos para implantar las medidas de migración
El acuerdo alcanzado por el PP y Vox para el gobierno de Extremadura incluye algunos planes que son de difícil puesta en marcha de forma inmediata debido a la falta de competencias de las comunidades autónomas sobre ciertos asuntos de migración y extranjería. El tratado prevé modificaciones legales de carácter nacional que solo llegarían en caso de que ambos partidos alcanzasen el Gobierno tras las elecciones ...
generales previstas para 2027 y únicamente de ese modo podrían establecerse algunas de las medidas previstas. Otras tienen escaso acomodo en la actualidad.
Los menores extranjeros no acompañados que llegan a España nunca son irregulares. Las comunidades a las que arriban están obligadas a hacerse cargos de ellos, a tutelarlos y a proteger sus derechos, entre ellos los educativos y sanitarios. El acuerdo Vox-PP reconoce las “limitadas competencias” de una comunidad al respecto, pero indica que “promoverá acuerdos con los países de origen para agilizar repatriaciones y retornos de los menores con sus padres”. Esos acuerdos, explica la experta constitucionalista Itziar Gómez, profesora de la Universidad Carlos III, solo los puede firmar el Gobierno. La Fundación Raíces, de la que también es vocal Gómez, recuerda algunas garantías más que tienen estos chicos no acompañados. “La comunidad podrá abrir los procesos, pero los menores tienen derecho a asistencia letrada, ha de garantizarse que las condiciones sociales y familiares en sus países son las adecuadas y además pueden negarse a salir, por tanto muy difícil que se consiga esto”, afirman.
