Un estudio de la formación cuantifica las mejoras en el alquiler derivadas del decreto de vivienda en vigor desde finales de marzo
El real decreto que contempla que los inquilinos de viviendas cuyo contrato de alquiler finalice entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 puedan acogerse a una prórroga de dos años con el mero gesto de enviar un burofax a sus caseros se votará el próximo 28 de abril. Junto con esta moratoria extraordinaria, el nuevo marco normativo que entró en vigor el 22 de marzo contempla también la limitación de la actualización anual de los contratos al 2%. Y en el contexto económico actual, con una inflación emergente como consecuencia de la guerra en Irán, este freno en las futuras alzas, de convalidarse, podría aliviar hasta en 658 euros de manera acumulada en los próximos dos años a los potenciales beneficiarios en el peor de los escenarios, según los cálculos que ha elaborado Sumar en un informe que ha dado a conocer este jueves.
Alargar las condiciones de los contratos de alquiler durante los dos próximos años pasa por ser el objetivo principal del real decreto que aprobó el Gobierno de coalición hace tres semanas, dentro del paquete de medidas destinado a paliar los efectos económicos provocados por la guerra de Irán. Según los primeros cálculos que realizó el Ministerio de Consumo, cerca de un millón de hogares podrían reclamar esta prórroga, puesto que muchos de los contratos que se firmaron durante la pandemia estarían a punto de finalizar, teniendo en cuenta que la duración media de estos es de cinco años.
