Florida apela la orden de una jueza federal que obligaba al Estado garantizar que los detenidos en la instalación tuvieran el debido acceso a su defensa
Las autoridades de Florida no han cumplido con el mandato de una jueza federal de garantizar que los inmigrantes detenidos en el infame centro Alligator Alcatraz, al oeste de Miami, tengan el debido acceso a sus abogados, y además han respondido con represalias, incluida una presunta paliza a varios migrantes menos de una semana después del fallo judicial, según nuevos documentos presentados ante el tribunal.
El 27 de marzo, la jueza federal Sheri Polster Chappell ordenó a las autoridades garantizar que los detenidos pudieran hacer llamadas confidenciales y recibir visitas de sus abogados sin cita previa, así como establecer protocolos claros de comunicación, tras concluir que las condiciones del centro impedían a los detenidos ejercer su derecho a la defensa. El Estado, por su parte, ha apelado la orden, impugnando tanto las medidas de acceso a asesoría legal de los detenidos como una certificación para convertir el caso en una demanda colectiva.
Pero documentos presentados por los abogados el viernes describen un incidente ocurrido el 2 de abril, en el que varios detenidos habrían sido golpeados y rociados con gas pimienta tras protestar por el corte de las líneas telefónicas.
