La UE debe encontrar fórmulas para castigar una deslealtad como la practicada por el primer ministro húngaro al servicio de Rusia
No supone ninguna exageración tipificar como espías al servicio de Vladímir Putin en la UE al primer ministro de Hungría, Víktor Orbán, y a su ministro de Exteriores, Péter Szijjártó. Ambos han actuado como auténticos agentes del Kremlin proporcionando información sensible en directo sobre las reuniones y los debates de los organismos europeos en Bruselas, defendiendo posiciones favorables a Rusia e incluso abogando por el levantamiento de sanciones personales a petición del ministro de Exteriores ruso, Serguei Lávrov. Pocas dudas puede haber, tras la publicación de dos investigaciones periodísticas, en EE UU y en Bruselas, sobre la acción coordinada e incluso el seguimiento de las instrucciones concretas del Kremlin por parte del Gobierno de Orbán.
Ni la Unión Europea ni la Alianza Atlántica, las dos organizaciones afectadas por la deslealtad del Gobierno de Hungría, tienen procedimientos u organismos para tratar un caso de traición. Se fundamentan en la cooperación leal y la solidaridad entre países socios. La UE podría abrir un procedimiento para desposeer a Hungría de los derechos adquiridos en la adhesión, incluido el voto, pero es un procedimiento largo y complejo, que exige la unanimidad de los otros 26 socios en el Consejo Europeo. La complicidad de Eslovaquia, con otro Gobierno prorruso inclinado a bloquear la solidaridad con Ucrania y a impedir las represalias de Bruselas, complicaría un desenlace sancionador del procedimiento y no impediría mientras tanto la asistencia de los representantes húngaros a las reuniones y la persistencia de las actuaciones desleales.
