La trabajadora del servicio de emergencias se suma a dos funcionarios de Costas y a la agente a la que trasmitió el aviso
La investigación por el derrumbe de la pasarela de El Bocal, en Santander, ha dado un giro relevante. La magistrada que instruye la causa ha decidido declarar como investigada a la gestora del servicio de emergencias 112, que atendió el día antes del siniestro la llamada de un vecino alertando del mal estado de la estructura. La operadora, que hasta ahora figuraba como testigo, vio modificada su situación procesal tras una declaración de 45 minutos, en la que la instructora juzgó necesario garantizarle el derecho de defensa, que implica poder no declarar, no confesarse culpable y contar con asistencia letrada.
La incorporación de la trabajadora del 112 al grupo de investigados eleva a cuatro el número de personas en esta situación: la propia operadora, dos funcionarios de la Demarcación de Costas y la agente de la Policía Local a la que se trasladó el aviso telefónico. Fuentes cercanas al caso explican que la gestora “lo está pasando fatal”, afectada por la carga emocional y pública que acompaña a este procedimiento.
La tragedia ocurrió el 3 de marzo, cuando la pasarela costera se hundió, provocando la muerte de seis jóvenes —tres del País Vasco, una cántabra, una de Guadalajara y una de Almería— y dejando herida de gravedad a una estudiante de Álava. El grupo, compañeros de estudios, transitaba por la estructura al desplomarse.
