Los campus no van a salir de la UCI en la que las han metido los gobiernos del PP, ni podrán realizar la labor fundamental que la sociedad madrileña necesita
El pasado 3 de marzo hacíamos una primera valoración de urgencia del acuerdo entre los rectores de las universidades públicas madrileñas y el gobierno de Ayuso en el que ya intuíamos algunas de las cuestiones que ahora, tras la publicación del acuerdo, se confirman. ...
En primer lugar, llama la atención el hecho de que el acuerdo no es en sí mismo un modelo financiero, sino solamente “el marco técnico de referencia para la elaboración y posterior aprobación del modelo financiero a través de los instrumentos oportunos”. Es decir, unas simples “bases orientadoras de financiación plurianual de las universidades públicas madrileñas”. La conclusión es evidente: por ahora lo firmado (que ni siquiera ha sido aprobado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid) carece de cualquier concreción administrativa y jurídica, y, por tanto, quienes conocemos la tendencia de Isabel Díaz Ayuso y sus consejeros a los grandes anuncios vacíos de contenido tendremos que estar muy atentos a cómo se materializa el acuerdo, tanto en cantidades reales como en los modos de transferencia de los recursos, así como en los instrumentos jurídicos de seguimiento y obligación.
