El acuerdo entre Ayuso y los rectores de los seis campus públicos supone un avance, pero se debe detallar su contenido cuanto antes
Los rectores de las seis universidades públicas madrileñas y la presidenta Isabel Díaz Ayuso firmaron el pasado martes un acuerdo para la financiación plurianual de los campus cuyo principal valor es el acuerdo en sí. Un modelo económico para varios años que asegure su sostenibilidad es lo que reclamaban estas instituciones a Ayuso, principal responsable de su infrafinanciación. Por vez primera, los seis centros contarán con un marco de previsibilidad, como señaló ese mismo día la conferencia que agrupa a sus rectores, cuya responsable habló de “verdadero hito”. El Ejecutivo regional presumió de su carácter “histórico”. Por ello, es muy poco comprensible que casi una semana después ninguna de las dos partes haya hecho público su contenido íntegro, una lamentable falta de transparencia que impide a los ciudadanos saber qué se hace con su dinero.
El plan supondrá, según el Gobierno madrileño, que las seis universidades ingresarán 14.791 millones de euros hasta 2031. De ellos, casi 12.300 millones provendrán de los presupuestos regionales, cifra que incluye las tasas y precios públicos, que pagan los alumnos y sus familias. Los otros 2.500 millones se fían a los ingresos propios de los centros, una aspiración independiente de los fondos públicos.
