El viaje de los rectores de las universidades públicas de Madrid a Miami junto a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en medio de sus denuncias de la asfixia económica del Gobierno autonómico a las seis universidades públicas, ha sido polémico pero fructífero. Los rectores llevan 11 meses denunciando la ley de educación superior que prepara el Gobierno autonómico ―piensan que invade su autonomía y no garantiza que pasen a estar bien financiadas― y ahora, tras reunirse con Ayuso, han pactado verse cada semana con el consejero de Educación, Emilio Viciana, para negociar por primera vez la norma. En el Consejo de Gobierno de la Complutense se ha abordado el tema este jueves.
“En la reunión del viernes pasado, antes del viaje, el consejero le dijo a los rectores que podían tener reuniones semanales para analizar juntos el contenido de la ley”, confirman desde la Puerta del Sol. E insisten: “La consejería lleva reuniéndose con ellos desde el otoño”. Pero la comunicación no ha fluido en ningún momento y los rectores ven ahora a Ayuso “receptiva” al diálogo. El viaje es visto desde el Gobierno autonómico como “un punto de inflexión”.
En paralelo, en este consejo de la UCM, un campus con enormes aprietos económicos, el rector Joaquín Goyache ha anunciado que han pedido un crédito de 30,8 millones a la Comunidad de Madrid para poder afrontar el comienzo de curso, según confirman a este periódico dos fuentes. El departamento de prensa de la UCM, sin embargo, no especifica la cifra: “La universidad está negociando un mecanismo de apoyo económico con la Comunidad de Madrid, cuyas condiciones aún no han sido definidas”. Para sobrevivir, el rectorado ya había ordenado a los decanatos recortar un 33% los gastos para cubrir el año. Cerró el 2023 con una deuda de 65 millones de euros.
