Las reivindicaciones de profesores y médicos son legítimas y deberían ser objeto de una reflexión de largo alcance por parte del Gobierno
Cataluña ha vivido en las últimas semanas dos grandes movilizaciones que implican a colectivos tan importantes como los docentes y los médicos. Sus reivindicaciones no son nuevas: el malestar viene de lejos y se ha ido acumulando por el deterioro sostenido que se inició con la crisis de 2008. Tanto en la enseñanza como en el sistema sanitario, la devaluación salarial se ha producido en paralelo a un empeoramiento intenso de las condiciones de trabajo por cambios sociológicos a los que no se ha hecho frente con nuevos recursos.
La integración escolar y la llegada de alumnado inmigrante con carencias de partida y precarias condiciones de vida familiar ha aumentado de forma exponencial el número de alumnos con necesidades educativas especiales, sin que los recursos docentes hayan crecido en la misma proporción. Lo mismo cabe decir de la sanidad: el aumento brusco de la población y las nuevas necesidades asistenciales derivadas de la mayor longevidad han llevado al sistema a una situación de estrés permanente que recae sobre las espaldas de sus profesionales.
