Partidos de ultraderecha y otros actores políticos y mediáticos amplifican campañas de desinformación para desgastar la legitimidad de las organizaciones no gubernamentales y condicionar la ayuda internacional
La escena se repite cada vez con más frecuencia. Un hospital que opera en zona de conflicto es bombardeado y los responsables del ataque aseguran que la instalación había dejado de ser neutral. No presentan pruebas independientes, nadie ha verificado que se cometieran actos hostiles entre sus muros, pero el mensaje se impone: si un centro sanitario alberga al enemigo, deja de ser un espacio protegido. Y así, lo que el Derecho Internacional Humanitario tipifica como crimen de guerra —el bombardeo de un hospital— pasa directamente a presentarse como una operación legítima.
Este relato, que atribuye a las ONG el papel de agentes sospechosos y aliados con el adversario, no es un fenómeno aislado: forma parte de una ofensiva más amplia en la que las organizaciones no gubernamentales y el sector humanitario en general son retratados como estructuras opacas, ideologizadas o directamente corruptas, independientemente de los sistemas de control y auditorías a las que están sometidas. Se trata de discursos que no surgen de manera espontánea, sino que han sido moldeados y amplificados en los últimos años por partidos y líderes especialmente de ultraderecha, que han encontrado en las ONG un blanco útil dentro de una agenda política que recela del multilateralismo y de la cooperación internacional y que apuesta por el rearme. En un contexto marcado por el desplome de la financiación de la ayuda al desarrollo, la hostilidad contra el sector humanitario es una pieza clave para legitimar y hacer posible ese giro político. La decisión de Donald Trump de cerrar USAID, la agencia de cooperación de Estados Unidos y el mayor donante del mundo, fue el punto de inflexión en esta ofensiva.
