Los instrumentos para paliar los efectos del ‘shock’ energético son tan conocidos como complicados y las decisiones aprobadas por la UE para momentos excepcionales, poco útiles
Para gran alarma de los consumidores, en agosto de 2021, seis meses antes de la invasión rusa de Ucrania, el precio del mercado mayorista de la electricidad (pool) escaló por encima de los 100 euros/MWh, una cima hasta entonces desconocida. Poco imaginaban los sufridos usuarios que este precio se superaría con creces (hasta los 500 euros/MWh, en momentos puntuales) y que 2022 cerraría con una media anual superior a 200 euros/MWh. Era el inicio de una crisis energética que se prolongaría hasta 2023, y que el Gobierno español, primero, y la Unión Europea, después, intentaron combatir con una batería de medidas temporales, que se iban renovando a golpe de decreto-ley, para paliar sus efectos en la factura de la luz, del gas y de los carburantes.
Aunque la subida de precios de 2021 se explicó por algunas razones de mercado, con el tiempo resultó evidente que el conflicto de Ucrania ya se estaba gestando. Rusia había comenzado a restringir su producción de gas para elevar los precios y compensar los de la pandemia, pero fueron las sospechas de Alemania y Estados Unidos sobre las intenciones rusas sobre Ucrania las que llevaron a no inaugurar el nuevo gasoducto Nord Stream II en las costas alemanas del Báltico y, más tarde, a cerrar el que funcionaba, el Nord Stream I.
