Dos trabajadoras migrantes en situación irregular relatan los abusos sufridos en una cadena de colmados paquistaníes
En esta historia hay representados tres colectivos migrantes que coincidieron por unos meses en un mismo espacio, una pequeña plaza del centro de Badalona. Por un lado están los dueños, de origen paquistaní, de un supermercado grande, un pequeño colmado 24 horas y una droguería, todos situados en las inmediaciones de la plaza; por otro lado hay un grupo de personas recién llegadas de Colombia que querían trabajar pero no tenían papeles; y finalmente está la dueña de un restaurante chino de ese lugar, que, a diferencia de muchos transeúntes que pasaban por ahí, era capaz de ver que algo raro pasaba en los súper. Como muchas historias humanas, los lugares de origen de todos ellos, o su condición de migrantes, no son más que circunstancias añadidas a lo que verdaderamente afecta a su intención de llevar adelante su vida: las condiciones laborales, la situación administrativa y la solidaridad.
Ana María Zuluaga, de 31 años, y Karen Pineda, de 27, son de Bogotá, donde vivían relativamente bien. Una trabajaba de recepcionista, la otra en un call center, y tenían familias que las apoyaban. Pero querían hacer una nueva vida como pareja, y España, en general más amigable con las personas LGTBI, les parecía un buen destino. En febrero de 2023 llegaron a Madrid porque les habían prometido un trabajo, pero las personas en quienes confiaron nunca les respondieron. Ahí empezó el periplo de quien está en una situación administrativa irregular: “Solo queríamos venir a trabajar, pensábamos que sería más fácil, pero nos dimos cuenta de que si no tienes papeles, las condiciones laborales caen al subsuelo”, explica Ana María.
