La Policía Nacional desmantela una banda que pedía 20.000 euros por permisos de residencia
Migrantes explotados, amenazados, vigilados y obligados a trabajar hasta 17 horas diarias en obradores de pan de Palencia en “condiciones extremas de calor e insalubridad”. La Policía Nacional ha detenido a cinco personas por
murcia.html" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://elpais.com/espana/2026-01-15/la-policia-libera-a-65-trabajadores-extranjeros-explotados-en-una-finca-agricola-de-murcia.html" data-link-track-dtm="">explotación laboral de 12 víctimas a quienes forzaban a trabajar sin descanso para producir pan en la provincia de Palencia. El grupo delictivo se aprovechaba de la vulnerabilidad de los afectados para engañarlos y exprimirles en los obradores, además de requerirles entre 15.000 y 20.000 euros para presuntas autorizaciones de trabajo y residencia con las que luego los chantajeaban, pues no cobraban por su desempeño, no gozaban de vacaciones o descansos y vivían hacinados en casas propiedad de los arrestados. La investigación comenzó tras observar posibles irregularidades en panaderías de Aguilar de Campoo y de Ampudia.
La Policía Nacional ha emitido un comunicado informando de la desarticulación de esa organización criminal, saldada con “cinco registros simultáneos, la clausura de los dos obradores y la liberación de 12 víctimas, además de la detención de cinco personas en las provincias de Palencia (cuatro) y Alicante (uno)”. La operación se ha coordinado junto a la Inspección de Trabajo de Palencia contra los delincuentes, que “se aprovechaban de la vulnerabilidad de las víctimas mediante engaños administrativos, amenazas y vigilancia permanente”. “El método empleado consistía en la obtención de certificados de insuficiencia de candidatos emitidos por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, documentos que posteriormente eran utilizados para tramitar autorizaciones de residencia y trabajo”, señala la Policía, para lo cual efectuaban pagos de entre 15.000 y 20.000 euros mediante intermediarios. Una vez los aspirantes a los empleos ―extranjeros― llegaban a España, sufrían “constantes presiones y amenazas”: si no cumplían las exigencias laborales, se les revocarían los papeles de residencia y trabajo, pudiendo ser deportados al quedar en situación irregular. Los trabajadores, vigilados constantemente por cámaras, recibían la orden de no atender a la Policía o mentir a los inspectores de trabajo y se hallaban en “un clima permanente de miedo y coacción”.
