La Administación estadounidense tiene instrumentos para imponer un castigo comercial, pero su aplicación sería sumamente inusual y de difícil encaje legal
Las relaciones diplomáticas entre España y Estados Unidos no atraviesan su mejor momento. Desde que Donald Trump regresó al Despacho Oval para su segundao mandato ha tenido media docena de encontronazos con el Gobierno español por la resistencia del presidente Pedro Sánchez a elevar el gasto en defensa del 2% al 5% del PIB como se acordó en la cumbre de la OTAN del año pasado. Pero la decisión de la Casa Blanca de atacar Irán el pasado fin de semana...
, sin mandato del Congreso estadounidense, sin informar a las Naciones Unidas y bajo un argumento que no termina de explicar con detalle ha elevado la tensión entre Washington y Madrid.
El presidente Sánchez se ha negado a colaborar con Estados Unidos para que el ejército de ese país pueda usar las bases militares conjuntas de Rota y Morón de la Frontera para la ofensiva sobre Teherán. Trump amenazó el pasado martes con “cortar todo el comercio con España”, al que calificó como un aliado “terrible”. Las amenazas del mandatario estadounidense hicieron estremecerse a algunos en el Ejecutivo español, otros consideran que se trata de la habitual escalada dialéctica del republicano para tratar de conseguir sus objetivos.
