El caso de Alicante muestra que no se puede confiar la gestión de un bien público a cooperativas y promotoras con escasa supervisión
En un mercado donde el precio de la vivienda se ha disparado hasta hacerla inaccesible a buena parte de la población, la vivienda protegida debería servir de tabla de salvación para familias trabajadoras con bajos ingresos, jóvenes que buscan su primer hogar independiente o personas en situación de vulnerabilidad. Cuando este tipo de viviendas termina en manos de quienes cuentan con recursos o con las conexiones apropiadas no solo se traiciona la lógica misma de la política de vivienda pública, sino que se mina la confianza en las instituciones democráticas. ...
Es lo que ha sucedido en la urbanización Les Naus de Alicante. En verano de 2025 se inauguró la primera promoción de vivienda de protección pública en la ciudad en más de dos décadas. Sobre una parcela de titularidad pública se construyeron 140 pisos de tres y cuatro habitaciones, con garaje, trastero, piscina, club social y pistas de pádel, cerca de la playa de San Juan y por la mitad del precio de lo que cuesta un piso similar en la zona. El escándalo saltó al descubrirse que entre los adjudicatarios hay demasiadas personas vinculadas al propio Ayuntamiento, gobernado por el PP, incluida la concejala de Urbanismo, dos hijos de una directora general y un arquitecto municipal. Los tres cargos implicados han presentado su dimisión y la Fiscalía Anticorrupción ha asumido la investigación del caso.
