Quienes han decidido intervenir militarmente deben responsabilizarse de que, si cae el régimen, el país no se convierta en otro Estado fallido
Del mismo modo que el ataque militar contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel sin mandato legal alguno es criticable por lo que supone de violación del derecho internacional, también lo es la muerte del líder iraní, Alí Jameneí. El ayatolá, fallecido en un bombardeo cuya autoría se ha atribuido la fuerza aérea israelí, era el máximo responsable de un régimen que, desde hace décadas, viola los derechos humanos de su población. Su figura, como su Gobierno, ocupará un lugar destacado en la historia universal de la ignominia, pero su destino no debiera haber sido acabar aplastado bajo los escombros de su cuartel general, sino ante un tribunal. Ya no será así porque, de nuevo, Trump y Netanyahu han optado por tomar el peligroso atajo que consiste en aplicar una pretendida justicia sumarísima en vez de respetar los procedimientos de la legalidad internacional. Otro fracaso del orden mundial basado en reglas construido con gran esfuerzo mediante instituciones transnacionales —también de justicia— tras la Segunda Guerra Mundial.
El descabezamiento del régimen iraní —además de Jameneí, el número de responsables gubernamentales y militares muertos aumenta a medida que pasan las horas y ya se cifran en más de 40— abre un periodo de incertidumbre sobre el futuro de un país cuya oposición interna ha sido cruelmente represaliada durante años pero cuya cúpula teocrática llevaba meses preparándose para la sucesión de Jameneí por razones de edad (tenía 86 años) y, además, ha tenido tiempo para prever contingencias como la que acaba de vivir.
