En el documento del PP para su negociación con Vox hay más asunciones de las tesis de los de Abascal sin contrastar que propuestas concretas
En un intento de redirigir las negociaciones en Extremadura y Aragón, el Partido Popular ha dado un giro de forma y fondo. La forma, que como es sabido conforma, supone una desautorización de facto de los máximos dirigentes de la formación, María Guardiola en Extremadura y Jorge Azcón en Aragón, al quedar tutelados por la dirección nacional del partido. Una especie de 155 interno.
El cambio de fondo se recoge en el documento marco para ordenar los acuerdos y dar gobiernos estables a la España autonómica, y supone la aceptación de buena parte de los postulados de Vox. En especial, los más simbólicos: aquellos que la ultraderecha europea exhibe como banderas propias. A cambio de un compromiso para aprobar los cuatro presupuestos que conforman una legislatura, los populares rechazan políticas climáticas, extienden la sombra de la duda sobre quienes reciben subsidios públicos, vinculan la inmigración con el deterioro de la convivencia y los servicios públicos, disuelven la violencia machista en una condena genérica a cualquier forma de violencia y advierten contra un deterioro de la seguridad ciudadana que no refleja ninguna cifra oficial.
