Según ha podido confirmar EL PAÍS, la Comunidad de Madrid ignoró el requerimiento del Ministerio de la Función de Pública de continuar aportando datos a una causa abierta contra un funcionario estatal en el Ayuntamiento de Móstoles
La Comunidad de Madrid ha acusado al Gobierno central de guardar en un cajón un caso muy grave de acoso sexual que también se ha producido en el Ayuntamiento de Móstoles. Sin embargo, por información a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el expediente permanece enterrado en Sol. En efecto, la Administración de Isabel Díaz Ayuso alertó al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública de que uno de los funcionarios del Estado, que trabajan a nivel local pero tienen carácter nacional, acosaba a otra trabajadora y presentó las declaraciones de cinco testigos. Ese mensaje se trasladó el 26 de noviembre de 2024. El 19 de diciembre, 23 días después, el Ministerio respondió con un oficio en el que pedía que se ampliase la investigación y se escuchara al acusado para preservar el derecho de defensa. El caso quedó desde ese momento estancado, en punto muerto.
El requerimiento ministerial no se quedó por el camino, sino que llegó a la Consejería de Presidencia del Gobierno de Ayuso y allí se abrió, según ha quedado registrado en GEISER, una aplicación que rastrea y certifica el envío de documentos entre administraciones. El oficio decía así: “Este departamento ministerial carece de suficientes elementos de juicio que justifiquen la incoación de expediente disciplinario contra el funcionario denunciado, por lo que al objeto de que las diligencias practicadas por el Ayuntamiento de Móstoles en el trámite de información reservada sean completadas, se procede a la devolución de la denuncia a ese Centro directivo a los efectos oportunos”.
