El Gobierno de la Comunidad de Madrid guarda silencio. Solo ha hablado Miguel Ángel Rodríguez, que apunta de nuevo a Sánchez
La tarde de este lunes ha levantado una polvareda política en la Comunidad de Madrid. Una jueza de instrucción ha enviado al banquillo de un juzgado de lo penal de Madrid al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, por la causa de fraude fiscal. Aunque el auto no es firme −Amador considera que sus derechos han sido vulnerados durante la fase de instrucción y falta por saber si la Audiencia Provincial estima su recurso− este es el último paso antes de que otro juez dicte si, finalmente, lo condena.
Si finalmente se sienta en el banquillo, Amador será juzgado por fraude fiscal y por falsificación en documento mercantil (los dos delitos que han protagonizado el proceso), pero también por los tipos penales de delito contable continuado y pertenencia a organización criminal. Estos dos últimos delitos habían sido solicitados en sus escritos de acusación por PSOE y Más Madrid, que son parte en este proceso como acusación popular, pero no por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
Las reacciones políticas no se han hecho esperar. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha enviado una declaración a los medios donde dice que la apertura de este juicio oral es un mensaje para “aquellos que piensan que delinquir sale gratis si estás cerca del poder político”.
