Un informe de la Universidad Pablo de Olavide y la Autónoma de Madrid incorporan criterios de sostenibilidad y gobernanza para valorar el impacto social de los centros de enseñanza
¿Un buen colegio es el que obtiene las mejores medias en Selectividad? ¿El que tiene los mejores resultados en el informe PISA? Probablemente estos sean hoy en día los parámetros tangibles más extendidos para valorar el nivel académico, pero la sociedad demanda de los centros educativos algo más que certificar aprendizajes. Las familias esperan que contribuyan al bienestar real del alumnado y de su entorno -se ha visto en los últimos casos de acoso-, a la cohesión social y a la capacidad de actuar ante retos complejos. Sin embargo, los esfuerzos que muchos equipos directivos y docentes dedican a alcanzar esos objetivos quedan en un limbo, porque no existen criterios objetivos que puedan medir su éxito o eficiencia.
El informe El Impacto invisible de la Educación, que se ha presentado este lunes en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, ofrece parámetros homologados y fáciles de aplicar por la comunidad escolar para evaluar la calidad educativa, más allá del mero rendimiento académico del alumnado. El estudio, desarrollado por la UPO y la Fundación EducAcción, a través de su cátedra con la Universidad Autónoma de Madrid, ha adaptado los criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Impacto) y validados por directivas internacionales que se aplican para valorar a las grandes empresas al ámbito educativo a través de una herramienta -ESGrade- aplicados y adaptados al día a día del centro y con sentido pedagógico. “No hay sector que genere mayor sostenibilidad en nuestro medio ambiente, en nuestra sociedad y en la gobernanza que el educativo, porque representa el presente y el futuro”, indica Sonia Díez, presidenta de EducaAcción.
