La normalización en Venezuela requiere de más pasos, como el final de la represión arbitraria y el regreso sin condiciones de los exiliados
La aprobación por unanimidad de una ley de amnistía en Venezuela es un acontecimiento histórico. La Asamblea Nacional, controlada en su gran mayoría por el chavismo y nacida de unas elecciones fraudulentas, ha acordado una medida destinada a poner fin a la persecución penal de quienes estuvieron en las cárceles o en el exilio por razones políticas. El gesto, que sobre el papel permitirá liberar a cientos de presos políticos y cerrar causas judiciales por motivos de disenso y protesta, marca un punto de inflexión en un país desgarrado desde hace más de 25 años.
La amnistía, sin embargo, no debe interpretarse como una victoria completa ni como una reconciliación garantizada. Es un gran paso adelante, pero uno que no debería haber resultado necesario. Nunca se debería haber llegado al extremo de que ciudadanos, activistas, periodistas y opositores se vieran detenidos por ejercer derechos básicos como la protesta, la expresión o la disidencia. La amnistía es también el reconocimiento tácito de que esas heridas se infligieron, y aún se infligen, con total impunidad.
