La amnistía general a presos políticos anunciada por Rodríguez debe ser el principio del proceso de normalización que necesita el país
El anuncio de una ley de amnistía general para presos políticos en Venezuela representa un parteaguas para un país atormentado por décadas de represión política y autoritarismo. La medida, impulsada por la presidenta, Delcy Rodríguez, extiende una promesa de libertad a miles de venezolanos que han sido encarcelados por ejercer derechos fundamentales como la protes...
ta.
Esta amnistía, celebrada como un giro en la política interna y percibida por muchos como un paso hacia la convivencia, no puede verse, sin embargo, como la culminación de un proceso de reconciliación nacional. Más bien, debe entenderse como el inicio de un camino largo, frágil y todavía incierto hacia una hipotética reconstrucción de la vida cívica y democrática en Venezuela tras la intervención militar de Estados Unidos en la que fue capturado y removido del país el presidente Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. Cualquier medida del Gobierno de Rodríguez debe ser entendida dentro de ese marco de tutela que le ha impuesto Washington al chavismo.
Ese camino exige algo más. Urge la definición de un cronograma democrático claro y verificable, con plazos, garantías y compromisos institucionales creíbles. La convivencia no será posible mientras siga pendiente la vuelta de todos los dirigentes políticos en el exilio, ni mientras persistan restricciones, formales o informales, al ejercicio de la actividad política. La amnistía pierde fuerza si no va acompañada de la posibilidad real de organizarse, disentir, competir y participar sin miedo a represalias.
