El plazo que prometía la Ley de Memoria Democrática para su normativa de desarrollo, un protocolo para restituir bienes incautados y su inventario en toda la Administración lleva vencido desde octubre de 2023 sin que se conozcan más auditorías que la de Cultura
Miles de obras de arte fueron separadas de sus dueños durante la Guerra Civil y la dictadura. Con el paso del tiempo, y del régimen, jamás regresaron. Acabaron en ministerios, museos, domicilios privados, universidades o a saber dónde. Se les perdió la pista, junto con la esperanza de recuperarlas. Hasta que la Ley de Memoria Democrática, en octubre de 2022, prometió llevarlas de vuelta a casa. Para eso, amplió la condición de víctima del franquismo a quienes “padecieron la represión económica con incautaciones y pérdid...
a total o parcial de bienes […]”; reconoció “el derecho al resarcimiento”; garantizó que el Estado “promoverá las iniciativas necesarias para la investigación de las incautaciones”, incluidos una auditoría y un inventario; y se comprometió a implementar “las posibles vías de reconocimiento a los afectados”. El texto fijaba, como límite, un año. El Gobierno tenía prisa por entregar al fin respuestas, justicia y, con suerte, obras. Sin embargo, el plazo venció en octubre de 2023. Ha dado tiempo incluso a llegar al año en que se cumplen 90 del estallido de la guerra. Las víctimas, mientras, siguen esperando.
