Resulta fundamental que los avances tecnológicos en el control migratorio se sometan al Estado de derecho
La ciudad china de Chongqing tenía en 2019 unos 15 millones de habitantes y 2,6 millones de cámaras: una por cada seis personas. Desde entonces hasta ahora, esa proporción podría haberse disparado hasta las dos cámaras por persona. Apoyado en tecnologías de identificación biométrica, este despliegue forma parte del denominado Proyecto Skynet, un monumental ejercicio de vigilancia pública que permite a las autoridades prevenir y controlar cualquier posible amenaza a la seguridad nacional...
, incluyendo, claro está, la desafección política. El control de movimientos y las bases de datos biológicas son una rutina para una población acostumbrada a que los delitos no se prueban, sino que se intuyen.
La China de Xi Jinping podría parecernos una distopía lejana, pero eso es solo porque no estamos prestando atención. A menos de una hora de Madrid, en las fronteras de la UE, nuestros democráticos Estados aplican a los migrantes la misma combinación letal de algoritmos, prejuicios y presupuestos milmillonarios que triunfa en la dictadura asiática. El proyecto iBorderCtrl, por ejemplo, fue desarrollado entre 2016 y 2019 para analizar microexpresiones faciales que evalúen la veracidad de quienes pretenden acceder al territorio europeo. El programa —ensayado en Hungría, Grecia y Letonia— fue ferozmente criticado por centros académicos y organizaciones de derechos humanos, que denuncian la ausencia de base científica y la institucionalización de la desconfianza y el prejuicio. En palabras de la ONG Amnistía Internacional, “estas tecnologías están reforzando la exclusión y bloqueando el movimiento de migrantes negros, musulmanes y de otras razas, solicitantes de asilo y refugiados”.
