La asociación mayoritaria denuncia un “deterioro” del Estado de derecho en España
Las asociaciones judiciales se han reunido con el Grupo de Seguimiento de la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales del Parlamento Europeo como parte de la ronda habitual para transmitirles sus impresiones de cara a la elaboración del informe sobre la materia que se publica todos los años respecto a cada Estado miembro. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria ―la primera y la segunda de la carrera judicial, respectivamente― han expresado a los eurodiputados su “preocupación” por las reformas que el Gobierno ha puesto en marcha en el ámbito de la Justicia, mientras que Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha ...
puesto el acento en las campañas de “desprestigio” al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional.
La APM, de corte conservador, ha sido la más contundente al alertar de lo que considera un “deterioro del Estado de derecho en España” debido a un empeoramiento del “clima institucional” y de “la percepción pública sobre la independencia judicial”, según ha informado en un comunicado
La asociación mayoritaria ha mencionado “el impacto institucional” de la condena a dos años de inhabilitación para el cargo y al pago de 17.200 euros que el Tribunal Supremo impuso al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelar secretos de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Desde la APM explican a EL PAÍS que no solo ha erosionado la imagen de una institución que “debe tener neutralidad, reserva y ejemplaridad”, sino que ha suscitado un debate sobre la autonomía e imparcialidad del ministerio público y la necesidad de implantar “contrapesos sólidos” para garantizarlas en línea con los estándares europeos.
