La acusación contra nueve estadounidenses en su país pone en juicio los escasos controles en la compra de artillería de alto calibre que beneficia a las organizaciones criminales al sur de la frontera
En diciembre de 2022, en una feria de armas en Phoenix, Arizona, Ana Camarillo intentó comprar una Barrett M82, un rifle de francotirador semiautomático de calibre 50. Es un arma diseñada para destruir blindaje ligero, estructuras, equipos de comunicación y aeronaves en tierra. Destaca por su potencia y alcance efectivo entre 1,5 a 2,5 kilómetros. Su precio oscila entre los 8.000 y 14.000 dólares. Camarillo no podía levantar el armamento sola, pero aun así, el comerciante se lo ven...
dió. Lo pagó en efectivo. Ese mismo día, en el mismo recinto, otro grupo de personas también compró otros siete rifles calibre 50, cinco rifles de asalto y dos pistolas. Tres años después, uno de ellos fue recuperado en Sinaloa el 24 de marzo de 2025.
Fruto de una investigación realizada por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), Camarillo y otros ocho estadounidenses han sido vinculados al hallazgo de ese equipo letal e imputados como coordinadores de una red de compra y tráfico de armas desde Arizona a México entre 2022 y 2024. Documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS han puesto de relieve el crecimiento del trasiego de artillería que presuntamente favorece a los grupos criminales al sur del Río Grande.
