Explica que puede seguir ejerciendo como fiscal porque no se le impuso pena de cárcel
La jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz Gaite, ha dirigido un escrito a toda la carrera fiscal donde explica las razones por las que la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, accedió a reincorporar a Álvaro García Ortiz tras la condena que le impuso el T...
ribunal Supremo, a dos años de inhabilitación para el cargo y el pago de 17.200 euros, por revelar secretos de Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
El escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, defiende que Peramato se ha limitado a aplicar a García Ortiz una doctrina que se fijó hace años para evitar que, en el ámbito disciplinario, los fiscales fueran considerados “de peor condición” que los jueces. Sanz Gaite indica que la clave es que el Supremo no le condenó a pena de cárcel.
La jefa de la Inspección Fiscal expone que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que la condición de fiscal se pierde cuando haya una condena por delito doloso ―como el de revelación de secretos―, contemplando que, cuando la pena no sea superior a seis meses, se pueda evitar la expulsión de la carrera fiscal reemplazándola por una suspensión de hasta tres años. En cambio, la Ley Orgánica del Poder Judicial determina que, en caso de condena por delito doloso, solo se pierde la condición de juez cuando haya pena de cárcel, incluyendo la misma salvedad si es menor de seis meses.
