La fiscal general firma un decreto de la Inspección Técnica que concluye que, igual que ocurre con los jueces, sin pena de prisión no es necesaria la expulsión de la Fiscalía
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha permitido que su antecesor en el cargo Álvaro García Ortiz regrese a su puesto de fiscal en el Tribunal Supremo después de la condena a dos años de inhabilitación por revelación de secretos impuesta por el alto tribunal. Peramato ha firmado un decreto de la Inspección Técnica que argumenta la posibilidad de que los fiscales que no sean condenados a penas de más de seis meses de prisión no sean expulsados de la carrera, igual que sucede con los jueces, así como que la pena de inhabilitación solo afecta al cargo de jefe del Ministerio Público como dice la sentencia. Dicho decreto explica que existen precedentes de fiscales condenados a los que la pena no les ha implicado la pérdida de condición de funcionario público.
García Ortiz ha pedido su reincorporación a la Sección de lo Social del Supremo, un lugar apartado de los focos y que le corresponde por su condición de fiscal de Sala, la más alta categoría de la carrera. Según explican fuentes jurídicas a EL PAÍS, Peramato ha dado luz verde a esta regreso una vez la Inspección Técnica ha estudiado el alcance del delito doloso y ha concluido que, en este caso, el ex fiscal general del Estado no tiene que abandonar la profesión.
