La Casa Blanca les considera “activistas radicales”, pero solo trabajan para que las redes cumplan las leyes, frenen los bulos y el discurso del odio. EL PAÍS habla con ellos ahora que se han convertido en objetivo de Trump
La británica Clare Melford, de 52 años, recibió el 23 de diciembre un email en el que se le comunicaba que el estatus de su visado para entrar en EE UU, adonde tenía planeado viajar en enero por trabajo, pasaba de “aprobado” a “pendiente”. Minutos más tarde, su móvil empezó a recibir mensajes de familiares y colegas: la subsecretaria de Estado, Sarah B. Rogers, la citaba en un tuit como uno de los cinco extranjeros a los que EE UU había decidido negar la entrada al país. “Melford dirige el Global Disinformation Index (GDI), una organización que monitoriza webs en busca de ‘discurso del odio’ y desinformación. (…) Esta ONG usa el dinero de los contribuyentes para exhortar a la censura y hacer listas negras de prensa estadounidense”, dijo Rogers.
“Fue un shock. Nunca es agradable ser señalada así, especialmente horas antes de Nochebuena, cuando lo que quieres es envolver regalos y pelar verduras”, explica Melford a EL PAÍS por correo. El 24 de diciembre recibió un email del programa ESTA, el servicio que gestiona los visados a EE UU: su viaje no estaba autorizado. “No me dieron ninguna explicación, ni me la han dado hasta ahora”. Todavía no ha decidido si tomará alguna medida legal al respecto.
