Una cuarta parte de los propietarios solo tienen el apartamento por un número limitado de años y tienen que seguir pagando al dueño del suelo. El Gobierno laborista recorta drásticamente la renta anual que estaban obligados a abonar
El Gobierno de Keir Starmer ha decidido finalmente impulsar una de las reformas económicas de su programa electoral que más entusiasmo suscita en el ala izquierda del Partido Laborista y más resistencia genera entre los particulares, empresas, fondos e instituciones propietarias de patrimonio inmobiliario en el Reino Unido. El primer ministro anunció este martes que la renta anual que pagan los propietarios de una vivienda en régimen de leasehold —a medio camino entre la propiedad y un alquiler de muy larga duración— no podrá superar las 250 libras esterlinas (unos 288 euros). Los nuevos apartamentos que se construyan, añadió Starmer en un vídeo en Tik Tok (que el dirigente nunca había usado para un anuncio de este tipo), no podrán ser vendidos bajo ese régimen. Y los vecinos de bloques que actualmente tienen este peculiar contrato de compraventa podrán organizarse para pasar a un régimen de propiedad mancomunada.
Una de las reformas en materia de propiedad inmobiliaria de más calado histórico en el Reino Unido se ha topado así con la férrea oposición de la Iglesia anglicana, además de las empresas y fondos que esgrimen frente a Downing Street el sacrosanto derecho a la propiedad privada. Para sus críticos, la Iglesia de Inglaterra se ha convertido en la defensora de un “sistema feudal” que perjudica a muchos ciudadanos. Para sus defensores, en el último baluarte frente a unos cambios que detraerían recursos destinados a obra social para acabar enriqueciendo más a grandes corporaciones.
