El Gobierno licita un nuevo contrato por 71 millones tras los fallos en los dispositivos. El pliego obliga a cambiar los aparatos defectuosos en 24 horas
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo por el que se autoriza un nuevo contrato, por 71 millones de euros, para gestionar las llamadas pulseras antimaltrato, los dispositivos que víctimas de violencia machista (tanto de género como sexual) y sus agresores llevan cuando se dicta una orden de alejamiento. El actual contrato expira el próximo 6 de mayo y la decisión se toma después de que hace unos meses trascendieran fallos en estos dispositivos. A partir de ahora, la mayoría de los dispositivos serán tobilleras, en vez de brazaletes. En palabras de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, esta decisión se toma porque estas son “más fiables, menos manipulables”, según les indican los técnicos.
Por otro lado, la ministra ha apuntado que el nuevo contrato va a permitir cambiar en un máximo de 24 horas “los dispositivos que tengan manipulación o cualquier tipo de disfunción”, y se exige la reparación de cualquiera que se haya manipulado, roto o averiado en un máximo de tres meses. Además, está prevista la implantación de mecanismos de protección contra la manipulación con material antivandálico, se ha mejorado la resistencia al agua y sensores de movimiento o de temperatura corporal. Y tanto la tobillera como el teléfono móvil que completa el sistema del inculpado tendrá una tarjeta electrónica eSIM para que no pueda ser extraída, además de que contarán con pantallas de cristal reforzado. La ministra ha explicado que se ha añadido una mejora que pedían las víctimas con las que han contactado: “Una mejora en las baterías, de más larga duración, [que] permitirán mayor autonomía de las víctimas”.
