La regularización es el primer paso inevitable de una política migratoria segura, predecible y sujeta a derechos y obligaciones
Cuando se escriba la historia de la regularización extraordinaria que podría ser aprobada muy pronto, una cuestión debe figurar en primer término: esta es una victoria de la comunidad migrante organizada. Fue el movimiento Regularización Ya el que, en plena pandemia, exigió un reconocimiento de la dignidad, los derechos y la contribución colectiva de los trabajadores y las trabajadoras sin papeles. Fue su organización la que aseguró la recogida de más de 700.000 firmas de españoles en las condiciones más adversas. Fueron su coraje y decencia los que inspiraron a la histórica coalición de cerca de un millar de organizaciones de todo el espectro social e ideológico que respaldó el esfuerzo para llevar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) al Congreso.
Por estos motivos, la ILP ya era un éxito incluso antes de ser considerada.
Pero su aprobación no es un mero trámite. Todas las razones que eran válidas cuando este proceso se puso en marcha hace ya cinco años mantienen hoy su vigencia: las magnitudes de la irregularidad siguen siendo insoportables (840.000 mujeres, hombres y niños, según la estimación más reciente); la irregularidad es un determinante devastador del castigo social, legal y laboral de quien la padece; el Estado pierde fortunas cada año como consecuencia de las contribuciones fiscales y sociales no realizadas; y nuestra economía renuncia al talento y las capacidades que necesita hoy de forma desesperada.
