Solo una unión federal con un Parlamento empoderado que controle a un Ejecutivo fuerte puede garantizar nuestro modo de vida
El último año ha evidenciado un cambio fundamental en la relación transatlántica. Lo que antes eran disputas comerciales o divergencias diplomáticas se ha transformado, bajo la actual Administración estadounidense, en una política sistemática de coerción, en constante violación del derecho internacional. La presión sobre Groenlandia no es más que el último episodio de la voluntad de dominio de Donald Trump: no olvidemos la imposición unilateral de aranceles arbitrarios, o su cercanía a Vladímir Putin en Ucrania, su Estrategia de Seguridad Nacional, o las sanciones al excomisario Thierry Breton. Es evidente que el modelo de seguridad basado en la dependencia externa de Estados Unidos se ha agotado y que la estrategia de apaciguamiento seguida hasta ahora se ha saldado con un rotundo fracaso. Se impone un cambio de rumbo para garantizar la soberanía e independencia europeas, con medidas coyunturales pero también estructurales.
La Unión Europea no debe implementar el acuerdo de julio de 2025 sobre los aranceles estadounidenses no recíprocos del 15% sobre productos de la UE. Bien al contrario, hay que poner en marcha las contramedidas de 93.000 millones de euros preparadas en respuesta a la escalada de abril de 2025, y activar inmediatamente el instrumento anticoerción para contrarrestar estas medidas discriminatorias y proteger nuestra libertad de decisión política frente a presiones externas.
