Las autoridades imponen una ley marcial de facto. El fiscal general desmiente haber anulado 800 ejecuciones, como anunció Trump
La represión y el miedo siguen imperando en Irán cuando el régimen islámico ha dado ya por finiquitada la última oleada de protestas con una frase lapidaria, pronunciada el miércoles por el fiscal general, Mohammad Mohavedi: “La sedición ha terminado”. Las manifestaciones han sido aplastadas y los iraníes han pagado un precio que no pocos describen como un “río de sangre”, una frase que casi no es una metáfora. La ONG iraní en el exilio HRANA
nce-denies-responsibility-and-continues-mass-arrests/" data-link-track-dtm="">ha confirmado ya 5.002 muertos y sigue investigando otros casi 10.000 casos. El martes, la relatora especial para Irán de la ONU, Mai Soto, calculó, citando relatos de médicos iraníes, que esa lista de fallecidos podría incluir 20.000 nombres “o más”.
Tras tres semanas con internet cortado por el régimen y sin llamadas internacionales, algunos iraníes están pudiendo conectarse desde hace días brevemente a la web o realizar llamadas internacionales (telefonear a Irán desde el extranjero sigue siendo imposible). Lo que describen es una ley marcial de facto, con toque de queda nocturno y presencia masiva de fuerzas de seguridad y paramilitares en las calles, que registran a los viandantes e irrumpen en casas y hospitales para llevarse detenidos a otros manifestantes. De acuerdo con los datos de HRANA, casi 27.000 iraníes han sido arrestados en las protestas. Y esa cifra podría seguir aumentando.
