El país destina el 0,25% de su Renta Nacional Bruta a la Ayuda Oficial al Desarrollo, mientras que la media europea ronda el 0,5%
Mientras se elaboran y negocian unos difíciles presupuestos generales del Estado para 2026, España tiene ante sí una decisión que trasciende la contabilidad pública y la confrontación partidista. No se trata solo de repartir partidas, sino de expresar con hechos cuál es nuestra responsabilidad y nuestro papel en el mundo. Como cada año, los presupuestos nos dicen no solo qué país somos, sino también cómo queremos ser. Hoy esa respuesta solo puede pasar por el compromiso con la paz, los derechos humanos, la ayuda humanitaria y la cooperación internacional.
Desde la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo pedimos que los próximos presupuestos hagan realidad los compromisos que España ha asumido, tanto en su Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, en su postura de cara a la IV Conferencia Internacional de Financiación para el Desarrollo reflejada en el reciente Plan Sevilla, como en otros acuerdos europeos e internacionales. Sin duda, no partimos de cero: durante los últimos años, los grupos parlamentarios, el Gobierno y los principales actores sociales han impulsado de forma dialogada reformas importantes en el sistema de cooperación. Pero esa voluntad debe ahora traducirse en cifras y volcarse en un porcentaje concreto: dedicar al menos en 2026 el 0,4% de la Renta Nacional Bruta para Ayuda Oficial al Desarrollo, un paso intermedio para avanzar en el compromiso del 0,7% en 2030 incluido en nuestra Ley de Cooperación y reiterado en Sevilla a nivel estatal y global. Las intenciones expresadas en leyes, discursos y acuerdos se agradecen, pero las palabras ya no bastan.
